Yeritza: sobreviviente de feminicidio y su lucha por justicia
Tabla de contenidos
- 1. Yeritza lucha por justicia tras liberación de su agresor
- 2. ¿Quién es Yeritza y cuál es su historia?
- 3. ¿Qué sucedió con la reclasificación del delito de su agresor?
- 4. ¿Cuáles son las estadísticas sobre feminicidios en México en 2025?
- 5. ¿Qué opinan los expertos sobre la falta de atención a sobrevivientes de feminicidio?
- 6. ¿Cómo ha respondido la comunidad a la liberación del agresor de Yeritza?
- 7. Las sobrevivientes que el Estado se niega a ver
- 7.1 El caso de Yeritza
- 7.2 La violencia institucional y su impacto en las víctimas
- 7.3 La necesidad de políticas públicas efectivas
- 8. Fuentes consultadas
Esta nota retoma información y testimonios publicados por CIMAC Noticias sobre el caso de Yeritza y la protesta frente a la Ciudad Judicial.
Yeritza lucha por justicia tras liberación de su agresor
Exige justicia y protección urgente
- Hace más de 6 años: Yeritza denuncia a su expareja tras dos intentos de asesinato, según su testimonio público.
- Detención en flagrancia: él es detenido cuando intentaba estrangularla; el caso se vincula a proceso por feminicidio en grado de tentativa.
- 9 de junio: tras una resolución de reclasificación del delito, el agresor queda en libertad inmediata.
- Protesta frente a la Ciudad Judicial: Yeritza vuelve a las calles acompañada por mujeres organizadas para denunciar la actuación de Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y el magistrado presidente Rafael Inti Castillo Serrato.
- Situación actual: Yeritza afirma presentarse “sin medidas de protección activas” y con miedo, mientras exige justicia y garantías de seguridad.
- Yeritza, sobreviviente de tentativa de feminicidio, denuncia que su agresor fue liberado el 9 de junio tras una reclasificación del delito.
- Dos magistradas y un magistrado ordenaron cambiar el cargo de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar.
- Sin medidas de protección activas, Yeritza volvió a protestar frente a la Ciudad Judicial acompañada por mujeres organizadas.
- El caso expone una brecha: cuando se reclasifica el delito, también se borra jurídicamente a las sobrevivientes de tentativa.
¿Quién es Yeritza y cuál es su historia?
Yeritza se nombra a sí misma como sobreviviente de feminicidio. Desde hace seis años, su vida está marcada por una pregunta insistente: qué hace falta para que el sistema de justicia la vea como víctima y la proteja como tal. En su testimonio público, cuenta que decidió denunciar a su expareja, Carlos Enrique “N”, después de que él intentó matarla en dos ocasiones. En ese momento, dice, sólo tenía dos opciones: “o morir en sus manos, o buscar ayuda”.
Del miedo a la exigencia pública
1) Agresión y riesgo inmediato: Yeritza relata dos intentos de asesinato por parte de su expareja.
2) Denuncia y primer encuadre del caso: “Él fue detenido en flagrancia cuando intentaba estrangularme” y el proceso inicia por feminicidio en grado de tentativa.
3) Sostener el proceso (años): describe una ruta de exigencias sobre la víctima: cumplir “cabalmente” condiciones que califica como injustas, asistir a diligencias y sostener la denuncia pese al desgaste.
4) Violencia institucional como desgaste: en su narrativa, la repetición de trámites y obstáculos tiene un objetivo: cansar a las víctimas y empujarlas a desistir.
5) Punto de quiebre reciente: la reclasificación del delito y la liberación del agresor reactivan el miedo y la urgencia de protección.
6) Acción pública: vuelve a las calles para exigir respuestas y seguridad cuando “lo correcto no alcanza” y “la verdad no es suficiente”.
La agresión que detonó el proceso penal ocurrió cuando él fue detenido en flagrancia mientras intentaba estrangularla. Desde el inicio, el caso se vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Yeritza describe el camino judicial como una ruta de exigencias que recaen sobre la víctima: cumplir “cabalmente” condiciones que ella misma califica como injustas, sostener la denuncia pese al desgaste y enfrentar, una y otra vez, la violencia institucional.
En su narrativa, esa violencia institucional tiene un propósito: cansar a las víctimas y empujarlas a desistir. Aun así, Yeritza afirma que decidió continuar. Su lucha no se limita a un expediente: también es una disputa por el reconocimiento, por no ser reducida a un caso “menor” y por no quedar sola ante el riesgo.
Seis años después, volvió a las calles —“las mismas que siempre están dispuestas a escucharnos y a sostenernos”— para exigir respuestas. Su reclamo central es directo: si el Estado no garantiza justicia ni protección, ¿quién defiende a las víctimas cuando “lo correcto no alcanza” y “la verdad no es suficiente”?
¿Qué sucedió con la reclasificación del delito de su agresor?
El punto de quiebre más reciente en el caso de Yeritza ocurrió el 9 de junio, cuando su agresor quedó en libertad. La liberación se dio después de que dos magistradas y un magistrado del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación reclasificaron el delito por el cual Carlos Enrique “N” había sido juzgado: pasó de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar.
En la protesta frente a la Ciudad Judicial, mujeres organizadas denunciaron la actuación de las magistradas Blanca García Sánchez y Erika Epifanía Reséndiz Ramírez, así como del magistrado presidente Rafael Inti Castillo Serrato, a quienes señalan por haber ordenado esa reclasificación y, con ello, la salida del agresor.
Para Yeritza, el impacto no es sólo procesal. En su mensaje público, advierte que la resolución “no sólo” la trastoca a ella: también golpea a otras sobrevivientes que creían que la justicia podía alcanzarlas. La reclasificación, en su lectura, envía un mensaje de desaliento: que denunciar no basta, que resistir no garantiza reparación y que el sistema puede redefinir el daño hasta hacerlo irreconocible.
Hay un efecto adicional que organizaciones y defensoras han señalado en casos similares y que aquí aparece con claridad: se transforma el lugar jurídico de la víctima. Yeritza lo expresa desde la experiencia: sobrevivir no es un favor ni un regalo, sino una lucha; sin embargo, el sistema puede “negar” esa condición al cambiar el tipo penal.
Implicaciones del encuadre jurídico
| Aspecto | Feminicidio en grado de tentativa | Violencia familiar |
|---|---|---|
| Qué reconoce del hecho | Un intento de privar de la vida por razones de género (según el encuadre del caso) | Violencia en el ámbito familiar/pareja (encuadre distinto del daño) |
| Cómo se lee el riesgo | Tiende a subrayar peligro extremo y urgencia de protección | Puede percibirse como un riesgo “menos letal”, aunque la víctima siga en peligro |
| Efecto en la visibilidad | Entra a conteos y conversación pública sobre tentativas | Puede “salir” de la categoría de tentativa y perder visibilidad estadística |
| Impacto para la víctima | Refuerza el reconocimiento como sobreviviente de tentativa | Puede implicar que “jurídicamente dejan de ser víctimas de tentativas” |
| Lo que no cambia | La necesidad de seguridad inmediata y acompañamiento | La necesidad de seguridad inmediata y acompañamiento |
En su intervención, Yeritza también subraya un dato que agrava el escenario: hoy se presenta “sin medidas de protección activas” y con miedo. Su exigencia se vuelve entonces doble: justicia por lo ocurrido y garantías inmediatas de seguridad para que la denuncia no se convierta en una condena a vivir bajo amenaza.
¿Cuáles son las estadísticas sobre feminicidios en México en 2025?
El caso de Yeritza ocurre en un contexto nacional donde la violencia feminicida no es excepcional, sino persistente. De acuerdo con datos oficiales citados en la cobertura, de enero a octubre de 2025 fueron asesinadas 5 mil mujeres en México. Esa cifra, por sí sola, dimensiona la magnitud del riesgo que enfrentan mujeres y personas gestantes en el país, y el reto que implica para el Estado cumplir con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
En paralelo, el Censo de Procuración y Justicia Federal y Estatal del INEGI registró en 2025 un total de 685 casos de feminicidio en grado de tentativa. En esta pieza, las cifras se presentan tal como fueron citadas en la cobertura de CIMAC Noticias. Este dato es clave porque ilumina un territorio menos visible: el de quienes sobreviven a un intento de feminicidio. Son vidas que continúan, pero muchas veces sin garantías de protección sostenida, sin acompañamiento integral y con procesos judiciales que pueden prolongarse durante años.
| Indicador (México) | Periodo | Cifra | Fuente citada en la cobertura |
|---|---|---|---|
| Mujeres asesinadas | Ene–oct 2025 | 5,000 | Datos oficiales (según la cobertura) |
| Feminicidio en grado de tentativa (registros) | 2025 | 685 | Censo de Procuración y Justicia Federal y Estatal (INEGI) |
La nota también recuerda que México cuenta con una sentencia por feminicidio emblemática: Campo Algodonero. Ese antecedente ha colocado al Estado bajo escrutinio internacional por fallas en la protección de víctimas y en el acceso a la justicia. Aun así, la experiencia de Yeritza sugiere que la revictimización puede reproducirse incluso cuando existen marcos y precedentes que deberían fortalecer la respuesta institucional.
Estas cifras no explican por sí mismas cada caso, pero sí ayudan a entender por qué las sobrevivientes insisten en que no se trata de hechos aislados. Cuando una tentativa se registra como tal, se vuelve parte de un conteo que podría orientar políticas públicas; cuando se reclasifica, el caso puede “salir” de esa categoría y perder visibilidad estadística y programática.
¿Qué opinan los expertos sobre la falta de atención a sobrevivientes de feminicidio?
Una de las críticas más contundentes en torno a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio es que, para el Estado, siguen siendo un tema pendiente. La abogada Ana Yeli Pérez Garrido lo plantea en términos de política pública: deberían existir estadísticas específicas que permitan diseñar acciones que “las mire, que las atienda, que las proteja”. Sin datos, la respuesta institucional tiende a ser reactiva, fragmentada o inexistente.
La abogada también recoge una frase que sintetiza el problema: las sobrevivientes son “las cifras que no se cuentan”. No se trata sólo de un vacío numérico, sino de una ausencia de enfoque. Si el sistema no distingue, no registra y no prioriza, entonces tampoco asigna recursos, protocolos ni medidas de protección acordes con el riesgo que implica haber sobrevivido a un intento de feminicidio.
En el caso de Yeritza, esa invisibilización se agrava cuando las autoridades reclasifican el delito. La nota subraya el efecto jurídico: al pasar de tentativa de feminicidio a violencia familiar, las víctimas dejan de ser reconocidas como sobrevivientes de tentativa y quedan encuadradas en otra categoría. Esto no es un mero tecnicismo: puede alterar la forma en que se entiende el peligro, la urgencia de protección y el tipo de reparación.
Yeritza lo describe como un mensaje disciplinante: “intentan cansarnos, intentan callarnos”. En su lectura, la violencia institucional no es accidental; opera como un mecanismo que desgasta a quien denuncia. Por eso, su exigencia no se limita a una sentencia: pide respuestas a quienes toman decisiones desde “escritorios”, recordándoles que su vida está en riesgo.
Datos y protección para justicia
- Sin datos, no hay política pública sostenida: Ana Yeli Pérez Garrido insiste en que deberían existir estadísticas específicas para “mirarlas, atenderlas y protegerlas”.
- La reclasificación también reordena prioridades: cuando el caso deja de contarse como tentativa, puede perder visibilidad y urgencia institucional, aunque el riesgo persista.
- Protección como condición de justicia (no como premio): el testimonio de Yeritza subraya que seguir viva no es “un favor”; sin medidas activas, denunciar puede convertirse en vivir bajo amenaza.
“Quienes sobreviven a un intento de feminicidio en México siguen siendo un tema pendiente del Estado mexicano.”
Ana Yeli Pérez Garrido, abogada
Preguntas frecuentes
-
¿Qué significa “feminicidio en grado de tentativa”?
Que hubo una conducta orientada a privar de la vida a una mujer, pero la víctima sobrevivió; en 2025 el INEGI registró 685 casos de este tipo. -
¿Por qué importa la reclasificación del delito?
Porque puede cambiar el reconocimiento jurídico del caso y, con ello, la manera en que se entiende el riesgo y se contabiliza la violencia. -
¿Qué piden las sobrevivientes como Yeritza?
Acceso a la justicia, protección efectiva y que el Estado deje de revictimizarlas durante el proceso.
¿Cómo ha respondido la comunidad a la liberación del agresor de Yeritza?
La respuesta social ante la liberación del agresor de Yeritza se expresó en la calle. Acompañada por mujeres organizadas, Yeritza encabezó una protesta afuera de la Ciudad Judicial para denunciar la actuación de quienes reclasificaron el delito y ordenaron la libertad inmediata. En su discurso, ella misma explica por qué vuelve al espacio público: porque las calles “las escuchan y las sostienen” cuando las instituciones no lo hacen.
Durante la manifestación se colocaron pancartas exigiendo justicia para Yeritza. También se realizó una acción simbólica: se quemaron los nombres de las magistradas y el magistrado, representados como diablos hechos con cartón. El gesto buscó señalar responsabilidad pública y expresar indignación ante una resolución que, para las manifestantes, pone en riesgo la vida de una sobreviviente.
Yeritza habló desde el miedo, pero también desde la determinación. Dijo que hoy se presenta y que su vida —y la de otras sobrevivientes— vale tanto como cualquier otra. En un pasaje central, afirmó que, aunque su agresor pudo “comprar su libertad”, no compró su silencio. La frase no aporta un dato judicial sobre cómo ocurrió la liberación; funciona como denuncia política y moral sobre la percepción de impunidad.
El mensaje colectivo se construyó alrededor de una idea: juntas pueden enfrentar la impunidad. Yeritza lo enmarca como una decisión de dignidad, no como un acto de provocación. Y cierra con una consigna que, en México, se ha vuelto un grito de urgencia ante la violencia feminicida: “¡Ni una más!”.
Las sobrevivientes que el Estado se niega a ver
El caso de Yeritza
La historia de Yeritza muestra cómo una sobreviviente puede quedar atrapada entre el riesgo físico y el laberinto institucional. Denunció, sostuvo el proceso durante seis años y volvió a alzar la voz cuando una resolución judicial cambió el rumbo del caso y permitió la liberación de su agresor. Su exigencia es concreta: justicia y protección, sin condiciones que la obliguen a resistir sola.
La violencia institucional y su impacto en las víctimas
Cuando Yeritza habla de violencia institucional, no lo hace como concepto abstracto. Lo describe como repetición, desgaste y un sistema que parece diseñado para que las víctimas se cansen. La reclasificación del delito añade otra capa: no sólo se discute la sanción al agresor, también se redefine a la víctima y se reduce la gravedad jurídica del intento de feminicidio.
La necesidad de políticas públicas efectivas
Si en 2025 se registraron 685 tentativas de feminicidio, la pregunta ya no es si existen sobrevivientes, sino qué hace el Estado para protegerlas. La demanda de contar con estadísticas específicas —para mirarlas, atenderlas y protegerlas— apunta a una ruta mínima: reconocerlas como población con necesidades urgentes de seguridad, acompañamiento y acceso real a la justicia. Desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, la protección no puede depender de la resistencia individual: debe ser una obligación institucional sostenida.
Impacto de la reclasificación de casos
Cuando una tentativa se reclasifica, no sólo cambia el expediente: también puede cambiar lo que el Estado “ve” y prioriza.
- Se pierde visibilidad pública y estadística: el caso puede dejar de contarse como tentativa, y con ello se reduce la capacidad de dimensionar el fenómeno.
- Se debilita el reconocimiento del riesgo extremo: el encuadre puede influir en cómo se entiende la urgencia de medidas de protección.
- Se complica la política pública: si “las cifras que no se cuentan” no se registran, es más difícil asignar recursos, diseñar protocolos y evaluar resultados.
Desde la perspectiva de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices Mexico), nombrar la violencia institucional y sus efectos en la vida y la seguridad de las sobrevivientes es parte de una conversación más amplia sobre derechos humanos, acceso real a la justicia y autonomía corporal.
Esta nota refleja información públicamente disponible al momento de su redacción, incluyendo testimonios y cifras oficiales citadas en la cobertura de CIMAC Noticias. Algunos detalles de los procesos judiciales pueden cambiar o precisarse conforme se publiquen resoluciones completas o nuevas actuaciones. Si sigues el caso, conviene contrastar con comunicados y documentos públicos vigentes al momento de tu lectura.
Fuentes consultadas
- Las sobrevivientes que el Estado se niega a ver — cimacnoticias.com.mx/2026/06/26/las-sobrevivientes-que-el-estado-se-niega-a-ver/
- news.un.org/es/story/2026/06/1541605
- courant.com/2026/06/25/venezolanos-buscan-sobrevivientes-tras-2-fuertes-sismos-que-dejaron-al-menos-188-muertos/
- dw.com/es/buscan-sobrevivientes-tras-terremotos-que-dejan-188-muertos/live-77699731
- facebook.com/Canal2Misiones/posts/venezuela-atraviesa-una-de-las-peores-tragedias-de-su-historia-recientelos-terre/1872715607675047/
- france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260625-terremotos-en-venezuela-rescates-con-las-manos-mientras-la-ayuda-estatal-se-hace-esperar
- instagram.com/p/DaDLfQAzmdD/
- nytimes.com/live/2026/06/25/espanol/venezuela-terremoto
- youtube.com/watch?v=EVPJteB-ojA