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  • Mujeres periodistas y la violencia en 2026

    Mujeres periodistas y la violencia en 2026

    Tabla de contenidos


    CNDH urge protección para mujeres periodistas en riesgo

    • La CNDH pidió fortalecer políticas para prevenir agresiones contra periodistas y garantizar la libertad de expresión, según reportó CIMAC Noticias.
    • La violencia no impacta igual a mujeres y hombres: en ellas aparecen componentes sexualizados, violencia digital y campañas de desprestigio, de acuerdo con CIMAC Noticias.
    • Entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de septiembre de 2026, CIMAC documentó 530 agresiones contra mujeres periodistas.
    • En ese mismo registro, funcionarios estatales figuran como principales agresores con 115 casos, según CIMAC.

    Atribución de datos: las cifras y patrones de agresión citados en esta nota provienen del registro y la cartografía de CIMAC; los llamados institucionales y el enfoque de política pública corresponden a posicionamientos de la CNDH, tal como los reportó CIMAC Noticias.

    Violencia contra mujeres periodistas en México

    En México, ejercer el periodismo implica riesgos que se agravan cuando quien informa es mujer. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la violencia contra periodistas no puede normalizarse como “costo” del oficio y llamó a garantizar que nadie tenga que elegir entre informar y preservar su vida, integridad o libertad, según reportó CIMAC Noticias.

    La dimensión de género es clave: las agresiones contra mujeres periodistas no se limitan a impedir una publicación. También buscan desacreditarlas, intimidarlas y cuestionar su legitimidad para ocupar el espacio público, de acuerdo con CIMAC Noticias. En la práctica, esto se traduce en ataques que mezclan el castigo por investigar o denunciar con el castigo por “atreverse” a hablar en público siendo mujer.

    Los registros documentados por CIMAC muestran que la violencia se expresa en formas psicológicas, físicas, institucionales y digitales. Esa diversidad importa porque obliga a pensar la protección más allá de escoltas o botones de pánico: hay agresiones que empiezan como hostigamiento, se vuelven campañas coordinadas y terminan afectando la seguridad y la trayectoria profesional.

    La CNDH también colocó el tema en un marco colectivo: proteger a periodistas es proteger el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre, cuestionar decisiones de quienes ejercen el poder y participar en la vida democrática, según CIMAC Noticias. Cuando una periodista es silenciada, no solo se vulnera a una persona: se reduce la diversidad de voces disponibles para todas y todos.

    Llamado de la CNDH a fortalecer políticas de protección

    En el marco del Día Internacional del Periodista, la CNDH llamó a fortalecer las políticas para prevenir agresiones contra periodistas y garantizar la libertad de expresión, según CIMAC Noticias. El énfasis no fue únicamente reactivo: el organismo sostuvo que proteger el ejercicio periodístico requiere políticas públicas capaces de atender las causas que generan las agresiones, fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia.

    La CNDH planteó que la obligación del Estado no puede reducirse a “establecer mecanismos de protección” para periodistas, de acuerdo con CIMAC Noticias. En su lectura, la protección efectiva exige modificar condiciones que permiten que la violencia persista, y sumar la participación de distintos niveles de gobierno, organizaciones sociales y medios de comunicación.

    El organismo también informó que ha fortalecido su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, desde el cual brinda atención, asesoría y acompañamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, según CIMAC Noticias. En un país donde el riesgo puede escalar rápido —y donde el peligro no siempre empieza con una agresión física—, la disponibilidad permanente se vuelve un componente operativo relevante.

    Para las mujeres periodistas, el llamado adquiere un matiz específico: la CNDH subrayó que las agresiones pueden tener características e impactos diferenciados por las desigualdades de género que persisten en el ejercicio de la libertad de expresión, según CIMAC Noticias. Dicho de otro modo: una política “neutral” puede quedarse corta si no reconoce cómo se construye el riesgo cuando el ataque se dirige también al cuerpo, la reputación o la vida privada.

    Agresiones diferenciadas: un enfoque de género

    La violencia contra periodistas no afecta de la misma manera a mujeres y hombres, y en el caso de ellas puede incluir agresiones con componentes sexualizados, amenazas contra su integridad física y sexual, violencia digital y campañas de desprestigio, según CIMAC Noticias. Este patrón no es accesorio: es parte del mecanismo de silenciamiento.

    De acuerdo con CIMAC Noticias, las campañas de desprestigio buscan desacreditarlas por su trabajo y, al mismo tiempo, castigarlas por ocupar un espacio público. En términos de derechos, esto golpea doble: limita la libertad de expresión de la periodista y envía un mensaje disciplinante a otras mujeres y personas que quieran investigar, cuestionar o narrar lo público.

    La CNDH sostuvo que garantizar la libertad de expresión no se logra únicamente permitiendo que las periodistas publiquen, sino asegurando que puedan investigar, cuestionar y ocupar el espacio público sin que su género sea usado como herramienta para intimidarlas, desacreditarlas o silenciarlas, según CIMAC Noticias. Esa idea obliga a mirar el “cómo” de la agresión: no es lo mismo una amenaza genérica que una amenaza sexual; no es lo mismo una crítica al contenido que una campaña basada en estereotipos de género.

    Componentes sexualizados en la violencia

    Una particularidad de la violencia contra mujeres periodistas es que los ataques pueden dirigirse no solo contra su trabajo, sino contra su condición de mujeres, según CIMAC Noticias. En ese repertorio aparecen amenazas de carácter sexual, comentarios misóginos, acoso y campañas para cuestionar su reputación.

    CIMAC Noticias también reportó la difusión de imágenes manipuladas y deepfakes sexuales como parte de estas agresiones. El objetivo no es debatir una investigación o refutar datos: es intimidar, humillar y expulsar del espacio público, usando el cuerpo y la sexualidad como campo de castigo.

    Un ejemplo documentado por ARTICLE 19 ilustra cómo opera este patrón. En enero de 2025, la organización registró el caso de la periodista Adriana Pineda, quien recibió amenazas de violencia física y sexual a través de redes sociales; además, ARTICLE 19 documentó agresiones digitales previas con mensajes violentos y sexistas y el uso de imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial, según CIMAC Noticias.

    Para ARTICLE 19, este tipo de violencia tiene un efecto intimidatorio que busca provocar miedo, silencio y retiro del espacio público, además de desacreditar profesionalmente a las periodistas, según CIMAC Noticias. Es decir: el daño no termina en el momento del ataque; se prolonga en la vida cotidiana, en la seguridad y en la carrera.

    Violencia digital y sus efectos

    La violencia digital aparece como un frente central. CIMAC Noticias describió agresiones que incluyen amenazas, hostigamiento y campañas de desprestigio en redes, con un componente de género que busca minar credibilidad y seguridad.

    La expansión de herramientas de inteligencia artificial añade nuevos riesgos. La UNESCO ha advertido que tecnologías como los deepfakes pueden utilizarse para atacar la imagen, credibilidad y seguridad de las mujeres periodistas, según CIMAC Noticias. En la práctica, esto puede convertir una agresión en un contenido replicable, difícil de contener y con efectos persistentes.

    El problema no es solo tecnológico: es político y social. Cuando una agresión digital se convierte en campaña, puede amplificar el aislamiento, elevar el riesgo fuera de línea y presionar para que la periodista abandone una cobertura o se retire del debate público, según el análisis reportado por CIMAC Noticias y las advertencias citadas de UNESCO.

    En ese contexto, la prevención cobra sentido: CIMAC Noticias subrayó que el peligro no siempre empieza con una agresión física, y que reconocer señales de alerta a tiempo es parte de proteger la labor. La violencia digital puede ser el primer escalón de una escalada.

    Estadísticas de agresiones contra mujeres periodistas

    Alcance de las cifras citadas

    En esta nota se usan dos cortes distintos reportados por CIMAC Noticias: (1) el registro de agresiones documentadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de septiembre de 2026 y (2) el acumulado histórico de la cartografía “Geografías de la violencia contra las periodistas”.

    Los datos ayudan a dimensionar el problema y a identificar patrones. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de septiembre de 2026, CIMAC documentó 530 agresiones y ataques contra mujeres periodistas en México, según CIMAC Noticias. En ese mismo periodo, 364 agresiones (68.7%) ocurrieron contra periodistas de medios digitales, de acuerdo con el registro citado por CIMAC Noticias.

    El peso de lo digital no significa que el riesgo sea “solo en línea”. Más bien muestra que el trabajo periodístico en plataformas digitales —y la exposición que conlleva— se ha convertido en un punto de vulnerabilidad, especialmente cuando el ataque se dirige a la reputación, la vida privada o el cuerpo, como describió CIMAC Noticias.

    En cuanto a tipos de violencia, el registro citado por CIMAC Noticias reporta 389 agresiones de violencia psicológica y 97 de violencia física en el periodo. La recurrencia de la violencia psicológica es relevante porque suele ser el terreno donde se instala el miedo y se empuja a la autocensura.

    Total de agresiones documentadas

    En paralelo, la cartografía “Geografías de la violencia contra las periodistas” ha documentado 2,381 agresiones (un acumulado histórico), de acuerdo con CIMAC Noticias.

    Estas cifras no describen únicamente “incidentes”: también permiten observar continuidad. Cuando un país acumula miles de agresiones documentadas, la pregunta deja de ser si hay riesgo y pasa a ser cómo se organiza la protección, la investigación y la rendición de cuentas para que el periodismo —y en particular el periodismo hecho por mujeres— no se ejerza bajo amenaza permanente.

    Tabla: distribución de agresiones documentadas por CIMAC (oct 2024–sep 2026).

    Indicador (CIMAC)CasosPorcentaje
    Total de agresiones documentadas530100%
    Agresiones contra periodistas de medios digitales36468.7%
    Violencia psicológica389
    Violencia física97

    Tipos de violencia y sus porcentajes

    Aunque no todos los rubros tienen porcentajes desagregados en el mismo corte, el patrón general es claro: la agresión no siempre se expresa como golpe o ataque directo; con frecuencia se instala como hostigamiento, intimidación, descrédito y presión sostenida, tal como describió CIMAC Noticias al explicar que estas violencias pueden producir miedo, autocensura y afectaciones al ejercicio profesional.

    En términos de política pública, esto importa porque una estrategia centrada solo en “riesgo físico” puede dejar fuera la parte más frecuente del daño: la violencia psicológica y digital que erosiona la posibilidad de investigar y publicar con libertad.

    Principales agresores y su perfil

    Los datos también permiten identificar quién agrede. Entre los principales agresores se encuentran funcionarios estatales, con 115 casos registrados en el periodo documentado por CIMAC, según CIMAC Noticias. Este dato es crucial porque rompe una idea común: el riesgo no proviene únicamente de actores criminales o particulares; también puede involucrar a autoridades.

    Cuando el agresor es un funcionario, el problema adquiere una dimensión institucional: la periodista no solo enfrenta una amenaza, sino una posible asimetría de poder que puede traducirse en obstáculos para denunciar, investigar o conseguir justicia. CIMAC Noticias subrayó que esto evidencia la necesidad de fortalecer instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia, en línea con el llamado de la CNDH.

    El perfil del agresor también se conecta con el tipo de violencia. Si una parte de las agresiones se expresa como violencia institucional o psicológica —presiones, descalificaciones, campañas de desprestigio—, la respuesta no puede limitarse a medidas de seguridad personal. Se requiere capacidad de investigación, sanción y reparación, como planteó la CNDH según CIMAC Noticias.

    Además, cuando la agresión se dirige a expulsar a mujeres del espacio público, el mensaje no es individual: es un intento de moldear quién puede preguntar, quién puede incomodar y quién puede narrar.

    Impacto de la violencia en el ejercicio periodístico

    Ese objetivo tiene efectos directos en el trabajo cotidiano: qué temas se cubren, cómo se cubren y cuánto riesgo se asume.

    De acuerdo con CIMAC Noticias, las agresiones psicológicas y físicas, así como aquellas dirigidas contra quienes trabajan en medios digitales, forman parte de un contexto que puede producir miedo, autocensura y afectaciones al ejercicio profesional. En otras palabras: incluso cuando no hay una agresión “final” (como un atentado), el entorno hostil ya está moldeando la agenda informativa.

    La CNDH lo planteó como un dilema inaceptable: ninguna persona debería tener que elegir entre informar a la sociedad y preservar su vida, integridad o libertad, según CIMAC Noticias. Cuando esa elección se vuelve cotidiana, la libertad de expresión se degrada en la práctica, aunque exista formalmente.

    Consecuencias en la salud mental

    CIMAC Noticias reportó que el contexto de agresiones puede producir miedo y afectar el ejercicio profesional. Ese miedo no es abstracto: se instala como estrés sostenido, vigilancia permanente de la propia seguridad y cálculo constante de riesgos, especialmente cuando las amenazas incluyen componentes sexuales o ataques a la reputación.

    En el caso documentado por ARTICLE 19 sobre Adriana Pineda, la organización señaló que la violencia digital busca provocar miedo, silencio y retiro del espacio público, según CIMAC Noticias. Ese “retiro” puede ser una renuncia a coberturas, una reducción de exposición pública o el abandono de redes, con costos personales y profesionales.

    La CNDH también insistió en la importancia de actuar antes de que la violencia escale: reconocer señales de alerta y no esperar a la agresión física, según CIMAC Noticias. En términos de bienestar, la prevención puede significar evitar que el hostigamiento se convierta en un estado permanente de amenaza.

    Efectos en la libertad de expresión

    Cuando una periodista es silenciada, amenazada o expulsada del espacio público por ejercer su trabajo, se reduce la diversidad de voces disponibles para la sociedad, según CIMAC Noticias. El impacto, por tanto, no es solo individual: afecta el debate público y el derecho colectivo a la información.

    La CNDH sostuvo que proteger el periodismo libre significa proteger el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre y cuestionar decisiones de quienes ejercen el poder, según CIMAC Noticias. Si las agresiones logran que una periodista deje de investigar o publicar, el efecto es una ciudadanía con menos herramientas para comprender su realidad.

    Además, la violencia con perspectiva de género tiene un efecto específico: busca que el costo de hablar sea mayor para las mujeres. Por eso, CIMAC Noticias remarcó que garantizar libertad de expresión implica asegurar que ellas puedan investigar y cuestionar sin que su género sea usado como herramienta para intimidarlas o desacreditarlas.

    Necesidad de políticas públicas con perspectiva de género

    Los datos documentados por CIMAC y el llamado de la CNDH coinciden en un punto: la protección a periodistas requiere políticas públicas que incorporen perspectiva de género y fortalezcan la investigación y la justicia, para que informar no implique elegir entre el derecho a la libertad de expresión y la seguridad personal, según reportó CIMAC Noticias.


    Fuentes consultadas

    • Mujeres periodistas enfrentan violencias diferenciadas; CNDH llama a proteger el derecho a informar — cimacnoticias.com.mx/2026/09/14/mujeres-periodistas-enfrentan-violencias-diferenciadas-cndh-llama-a-proteger-el-derecho-a-informar/
    • lacaderadeeva.com/actualidad/violencia-de-genero-latente-en-el-dia-internacional-del-periodista/17219
    • researchgate.net/publication/414007598_De_la_precariedad_letal_a_la_innovacion_colaborativa_una_revision_sistematica_del_periodismo_de_investigacion_en_America_Latina_2000_a_2025
    • AA, 2026 — aa.com.tr/es/mundo/oms-fumar-puede-reducir-los-niveles-de-fertilidad-tanto-en-mujeres-como-en-hombres/4050732
    • es.wikipedia.org/wiki/Semen
    • facebook.com/nmasunivision/posts/c%C3%B3mo-podr%C3%ADa-influir-el-estilo-de-vida-de-los-hombres-en-un-embarazo-investigador/1574737558014695/
    • filo.news/
    • instagram.com/p/DdCKi4qESUK/
    • Noticias ONU, 2026 — news.un.org/es/story/2026/09/1541878

  • Irene Khan y su legado en la ONU sobre libertad de expresión

    Irene Khan y su legado en la ONU sobre libertad de expresión

    Tabla de contenidos


    Irene Khan impulsa la libertad de expresión femenina

    • Fue la primera mujer en encabezar la Relatoría Especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión (2020–2026).
    • Incorporó una perspectiva de género para visibilizar barreras y violencias diferenciadas contra mujeres en espacios públicos y digitales.
    • Impulsó estándares internacionales y presentó informes temáticos sobre censura digital, vigilancia, desinformación e IA.
    • Enfrentó resistencia de Estados autoritarios y el avance de la censura en línea.

    Barreras de género y expresión
    Que Irene Khan haya sido la primera mujer en encabezar esta Relatoría (creada en 1993) no es solo un dato biográfico: cambia el punto de partida desde el que se define “qué cuenta” como obstáculo a la libertad de expresión. Al poner en el centro las barreras específicas que enfrentan las mujeres —incluida la violencia y el hostigamiento en espacios públicos y digitales—, el mandato deja de leerse únicamente como censura estatal “clásica” y se entiende también como un problema de participación, seguridad y acceso real a la conversación pública.

    Metodología de la investigación sobre Irene Khan

    Este reportaje se basa en información pública sobre el cierre del mandato de Irene Khan como Relatora Especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como en síntesis de su trayectoria y ejes de trabajo durante el periodo 2020–2026.

    Como nota base se retoma la cobertura de CIMAC Noticias, que recoge el reconocimiento de ARTICLE 19 a su legado y el énfasis de Khan en los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres al ejercer la libertad de expresión.

    La reconstrucción del legado se apoya en tres capas: (1) el contexto institucional del mandato —una Relatoría creada en 1993 como mecanismo central de la ONU para proteger la libertad de expresión y exigir rendición de cuentas ante violaciones—; (2) los énfasis temáticos atribuidos a su gestión, como la incorporación de la perspectiva de género y la atención al entorno digital; y (3) el reconocimiento público de organizaciones especializadas, como ARTICLE 19, que destacó su contribución al impulso de estándares internacionales.

    Para evitar conclusiones especulativas, el análisis se limita a hechos reportados: su condición de primera mujer en el cargo, la duración de seis años, las funciones típicas del mandato (monitoreo, informes, diálogo y recomendaciones) y los desafíos señalados (censura digital, desinformación, polarización y resistencia estatal). Cuando se mencionan “adopciones” de recomendaciones o “reformas”, se presentan como tendencias generales atribuidas a su incidencia, sin enumerar países o leyes específicas no documentadas en las fuentes disponibles.

    Proceso de verificación editorial
    1) Punto de partida: se toma como nota base la cobertura de CIMAC Noticias sobre el cierre del mandato y el reconocimiento de ARTICLE 19.
    2) Verificación de hechos “duros”: se priorizan datos que suelen ser estables y comprobables en información pública (periodo 2020–2026, carácter de “primera mujer”, existencia del mandato desde 1993 y funciones generales de una Relatoría).
    3) Identificación de ejes: se agrupan los temas atribuidos a su gestión (entorno digital, vigilancia, desinformación, IA y perspectiva de género) y se describen sin adjudicar resultados concretos no documentados.
    4) Control de inferencias: cuando el texto habla de “impacto” o “incidencia”, se expresa como señales observables (agenda, lenguaje común, alianzas, reconocimiento público) y no como causalidad directa.
    5) Límite explícito: no se listan países, leyes o casos específicos si no aparecen documentados en las fuentes públicas usadas para este reportaje.

    Irene Khan y su mandato en la ONU

    Irene Zubaida Khan, jurista y activista nacida en Bangladesh en 1956, llegó a la Relatoría Especial de la ONU en agosto de 2020 y cerró su ciclo tras seis años al frente. Su nombramiento marcó un hito en una de las piezas más visibles del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

    El mandato de la Relatora Especial sobre libertad de opinión y expresión tiene un alcance amplio: vigilar violaciones, analizar tendencias, elaborar informes temáticos y de país, dialogar con gobiernos y sociedad civil, y formular recomendaciones alineadas con estándares internacionales. En la práctica, ese trabajo combina la lectura jurídica del derecho a expresarse con la observación de cómo se restringe —por leyes, prácticas administrativas, violencia o tecnologías— y con la presión pública que implica “nombrar” patrones de abuso.

    En ese marco, Khan fue reconocida por haber visibilizado obstáculos específicos que enfrentan las mujeres al ejercer este derecho. Su gestión también se caracterizó por colocar el debate sobre libertad de expresión en el centro de discusiones contemporáneas: el espacio digital, la vigilancia, la desinformación y, hacia el final del periodo, los desafíos vinculados con inteligencia artificial y derechos humanos.

    Funciones y límites de una Relatoría Especial
    Qué hace una Relatoría Especial (en términos prácticos):

    • Observa y documenta patrones (a partir de información pública, aportes de sociedad civil y diálogo con Estados).
    • Publica informes temáticos y, cuando aplica, de país.
    • Emite recomendaciones y estándares orientadores para alinear políticas con derechos humanos.
    • Visibiliza casos y tendencias para elevar el costo político de la represión.

    Qué no hace:

    • No sustituye tribunales ni fiscalías; no “condena” legalmente.
    • No obliga por sí misma a un Estado a cambiar una ley.
    • No garantiza protección inmediata a una persona en riesgo; su fuerza es la legitimidad, la documentación y la presión pública.

    Logros en la promoción de la libertad de expresión

    El balance de un mandato como el de la Relatoría no se mide por “obras” tangibles, sino por su capacidad de orientar estándares, abrir conversaciones globales y empujar a los Estados a rendir cuentas. En ese terreno, el legado atribuido a Irene Khan se concentra en dos frentes: la consolidación de marcos internacionales para el entorno digital y la defensa de quienes sostienen el debate público —periodistas, medios independientes y personas defensoras de derechos humanos—.

    Su gestión presentó más de una docena de informes temáticos ante instancias de la ONU, abordando asuntos que hoy definen el pulso de la libertad de expresión: censura digital, vigilancia masiva, desinformación, polarización y, más recientemente, inteligencia artificial. En paralelo, su trabajo fue descrito como una apuesta por mecanismos de protección y por la denuncia pública de casos emblemáticos de represión, especialmente en contextos de conflicto o regímenes autoritarios.

    Periodo (referencial)Tema abordado en informes (según recuentos públicos)Qué buscaba clarificarSeñal de impacto esperable (sin prometer causalidad)
    2020–2026Censura digital y gobernanza de contenidosCuándo una restricción en línea puede ser legítima y cuándo se vuelve censuraLenguaje común para evaluar bloqueos, remociones y restricciones
    2020–2026Vigilancia y tecnologías intrusivasLímites y salvaguardas para evitar vigilancia desproporcionadaRecomendaciones citadas en debates de políticas y derechos digitales
    2020–2026Desinformación y polarizaciónCómo responder sin castigar el disenso o el periodismoMarcos para evitar respuestas “rápidas” que terminen en censura
    2020–2026Protección de periodistas y mediosRiesgos, patrones de hostigamiento y necesidad de mecanismos de protecciónMayor visibilidad internacional de agresiones y presión pública
    2020–2026Inteligencia artificial y libertad de expresiónRiesgos de moderación automatizada, sesgos y opacidadPrincipios orientadores para evaluar sistemas y exigir transparencia

    Estándares internacionales impulsados

    Uno de los aportes más citados de Khan fue el impulso de estándares internacionales para proteger la libertad de expresión, con especial atención al contexto digital. En la última década, el debate global se desplazó de la censura “clásica” —cierres de medios, prohibiciones explícitas— hacia formas más complejas: regulación de contenidos en internet, vigilancia estatal, extracción de datos y decisiones de moderación en plataformas privadas con impacto público.

    En ese escenario, la Relatoría funciona como un espacio de traducción: toma un derecho reconocido y lo vuelve operativo frente a tecnologías y prácticas nuevas. Durante 2020–2026, Khan promovió principios orientadores para la regulación de contenidos en internet y la protección de datos personales, y colocó en la agenda la necesidad de límites frente a tecnologías intrusivas. También abordó la tensión entre combatir la desinformación y evitar restricciones desproporcionadas que terminen castigando el disenso o el periodismo.

    La relevancia de estos estándares no está en que “resuelvan” por sí mismos la censura, sino en que ofrecen un lenguaje común para exigir rendición de cuentas. En el sistema internacional, ese lenguaje es poder: permite comparar prácticas, identificar abusos y sostener recomendaciones con base en criterios compartidos, incluso cuando los gobiernos intentan presentar la restricción como una medida técnica o de seguridad.

    Defensa de periodistas y medios independientes

    La libertad de expresión se vuelve abstracta si no se mira a quienes la ejercen en condiciones de riesgo. En ese punto, la gestión de Khan destacó por la defensa de periodistas y trabajadores de medios, especialmente en contextos de conflicto y bajo regímenes autoritarios. Su papel incluyó denunciar públicamente casos emblemáticos de represión y promover mecanismos de protección internacional.

    La lógica es directa: cuando se ataca a periodistas y medios independientes, no solo se vulnera a una persona o una redacción; se debilita el derecho social a estar informadas e informados, y se reduce ese espacio. En muchos países, la presión no llega únicamente como censura legal, sino como hostigamiento, amenazas, campañas de descrédito o restricciones administrativas que asfixian el trabajo periodístico.

    En ese sentido, la Relatoría opera como un amplificador institucional. No sustituye a la justicia local ni a los mecanismos nacionales de protección, pero puede elevar el costo político de la represión y reforzar la legitimidad de quienes documentan abusos. El reconocimiento de organizaciones como ARTICLE 19 a su legado se inscribe en esa lectura: la defensa de la libertad de expresión requiere tanto estándares como acompañamiento a quienes sostienen la conversación pública.

    Perspectiva de género en la libertad de expresión

    Si algo distingue el paso de Irene Khan por la Relatoría es la insistencia en que la libertad de expresión no se ejerce en un vacío. El derecho a opinar, informar y participar en el debate público se vive de manera distinta según el género y el lugar que se ocupa en la sociedad. Durante su mandato, Khan documentó desafíos específicos que enfrentan las mujeres cuando ejercen su voz, particularmente en espacios públicos y digitales.

    Esa mirada no “añade” un tema a la agenda: cambia el enfoque. En lugar de tratar la libertad de expresión como un derecho neutral, obliga a observar cómo las restricciones, la violencia y las barreras se distribuyen de forma desigual. También permite entender por qué, incluso cuando una ley reconoce formalmente el derecho, muchas mujeres pueden autocensurarse o retirarse del debate por miedo a represalias, hostigamiento o ataques coordinados.

    La aportación central fue colocar los derechos de las mujeres dentro de la discusión internacional sobre libertad de expresión. En un momento en que el debate público se libra cada vez más en plataformas digitales —con reglas opacas y dinámicas de viralización—, la perspectiva de género ayuda a identificar patrones de agresión que buscan expulsar a las mujeres de la conversación pública.

    Libertad de expresión con género
    En la práctica, el vínculo entre género y libertad de expresión suele verse en una cadena de efectos: hostigamiento o violencia (en calle o en línea) → aumento del costo personal por hablar → autocensura o retiro del debate → pérdida de pluralidad informativa. En esa línea, organizaciones que trabajan con derechos de mujeres han insistido en que poder hablar y acceder a información confiable es una condición para ejercer otros derechos.
    Desde la perspectiva de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices Mexico / Fundación MSI México), la libertad de expresión con enfoque de género es una condición habilitante para que mujeres y personas gestantes accedan a información laica, científica y objetiva sobre derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, y para que el debate público ocurra libre de estigma y violencia.

    Obstáculos específicos para mujeres

    Durante el mandato de Khan se visibilizó que las mujeres enfrentan obstáculos diferenciados al ejercer la libertad de expresión. Esos obstáculos pueden tomar la forma de restricciones directas —por ejemplo, limitaciones para participar en espacios públicos—, pero también de violencia y otras barreras que operan como castigo social por hablar, denunciar o informar.

    En el entorno digital, estas barreras tienden a intensificarse por la escala: el hostigamiento puede multiplicarse en minutos, convertirse en campañas coordinadas y permanecer en línea durante años. Aunque la Relatoría no es un órgano judicial, su valor está en documentar y nombrar estas dinámicas como un problema de derechos humanos, no como “costos” inevitables de internet.

    La consecuencia práctica es clara: si las mujeres son expulsadas del debate público, se empobrece la deliberación democrática y se reduce la posibilidad de que temas críticos —como violencia de género, derechos sexuales y reproductivos o desigualdad— se discutan con información y sin estigma. En otras palabras, la libertad de expresión de las mujeres no es un asunto sectorial: es una condición para que la agenda pública refleje la realidad completa.

    Incorporación de la perspectiva de género

    Khan incorporó esta perspectiva a la libertad de expresión como una de las principales aportaciones de su gestión. Esto implicó tratar la relación entre género y voz pública como un eje de análisis, no como una nota al pie. Al hacerlo, su trabajo profundizó en las formas diferenciadas en que las mujeres pueden enfrentar restricciones y violencia cuando opinan, informan o participan en el debate público.

    La incorporación de esta perspectiva también reubica responsabilidades. No basta con decir que “todas las personas” tienen derecho a expresarse si, en la práctica, ciertas voces pagan un costo mayor por hacerlo. En el ámbito internacional, esa constatación abre la puerta a recomendaciones más específicas: cómo deben responder los Estados ante ataques y cómo deben diseñarse políticas que no terminen reforzando la censura bajo pretextos de orden o moralidad.

    En el terreno digital, además, la perspectiva de género dialoga con la discusión sobre regulación de contenidos: cualquier intento de moderación o control puede tener efectos desiguales. Por eso, el aporte de Khan se entiende como una invitación a mirar la libertad de expresión con lentes de derechos humanos completos: no solo “qué se puede decir”, sino quién puede decirlo sin ser castigada por existir en el espacio público.

    Desafíos enfrentados durante su gestión

    El mandato de Irene Khan transcurrió en un periodo de tensiones crecientes para la libertad de expresión. Dos desafíos aparecen como constantes: la resistencia de Estados autoritarios a la rendición de cuentas y el crecimiento de la censura digital, que complica tanto el monitoreo como la protección efectiva del derecho.

    A estos retos se sumó un clima global marcado por desinformación y polarización, que suele empujar a respuestas rápidas y restrictivas. En ese contexto, la Relatoría enfrenta un dilema recurrente: cómo defender un espacio de debate plural sin que la lucha contra contenidos dañinos se convierta en una puerta trasera para silenciar críticas, periodismo o activismo.

    La dificultad no es solo política; también es operativa. Cuando la censura se desplaza a lo digital, las decisiones pueden tomarse por algoritmos, por reglas privadas de plataformas o por mecanismos estatales de vigilancia difíciles de auditar. Y cuando los gobiernos se cierran, la Relatoría puede ver limitado su acceso a información o a territorios, reduciendo su capacidad de verificación directa.

    Equilibrios clave en el mandato
    Tensiones que atraviesan el mandato (y por qué importan):

    • Desinformación vs. censura: responder a contenidos dañinos puede derivar en restricciones amplias que terminan castigando crítica legítima o periodismo.
    • Seguridad vs. privacidad: ampliar vigilancia para “seguridad” puede erosionar el derecho a expresarse si la gente teme ser monitoreada.
    • Moderación privada vs. interés público: reglas de plataformas (opacas o automatizadas) pueden silenciar voces sin debido proceso, pero también se les exige frenar violencia y hostigamiento.
    • Visibilidad vs. riesgo: “nombrar” patrones de abuso eleva presión pública, pero puede aumentar represalias contra quienes denuncian si no hay protección local.

    Resistencia de estados autoritarios

    Uno de los obstáculos señalados para la gestión de Khan fue la resistencia de Estados autoritarios. En términos prácticos, esa resistencia puede expresarse en el rechazo a recomendaciones, en la restricción del acceso a información o incluso en limitar la presencia de la Relatora en el territorio. Para un mandato que depende del diálogo y de la observación, esas barreras reducen el margen de acción.

    La resistencia también opera en el plano narrativo: algunos gobiernos buscan presentar la crítica internacional como injerencia, o redefinir la libertad de expresión como un privilegio condicionado a la “estabilidad” o a la “seguridad”. En ese terreno, la Relatoría cumple una función incómoda: recordar que el derecho a opinar e informar no desaparece en contextos de crisis, y que las restricciones deben ser examinadas con estándares internacionales.

    El reto, sin embargo, es que la Relatoría no tiene capacidad coercitiva. Su fuerza está en la legitimidad, en la documentación y en la presión pública. Por eso, cuando un Estado cierra puertas, el trabajo se vuelve más lento y depende más de redes de sociedad civil y de fuentes indirectas para sostener el monitoreo.

    Crecimiento de la censura digital

    El crecimiento de la censura digital fue otro desafío central. A diferencia de la censura tradicional, que suele dejar huellas visibles (una prohibición, un cierre, una detención), la censura en línea puede ser fragmentaria y difícil de probar: bloqueos selectivos, vigilancia masiva, eliminación de contenidos, limitación de alcance o campañas de desinformación que ahogan voces críticas.

    Para la Relatoría, esto implica dos problemas simultáneos. Primero, el monitoreo: identificar patrones en un ecosistema donde las reglas cambian rápido y donde actores estatales y privados pueden intervenir. Segundo, la protección: incluso cuando se documenta una violación, la reparación puede ser compleja si el daño ocurre en plataformas transnacionales o mediante tecnologías intrusivas.

    Durante 2020–2026, Khan abordó estos temas en informes temáticos. El hilo conductor es que la libertad de expresión ya no se juega solo en tribunales o redacciones: se juega en infraestructuras digitales que pueden amplificar o silenciar, y cuya gobernanza sigue siendo un campo en disputa.

    Impacto de su trabajo en la agenda internacional

    El impacto de una Relatoría se mide por su capacidad de mover la conversación global y de traducirse en cambios de política pública. En el caso de Irene Khan, se le atribuye haber posicionado la libertad de expresión como un tema central en la agenda de derechos humanos de la ONU, con énfasis en desafíos contemporáneos: regulación de internet, protección de datos, vigilancia, desinformación e inteligencia artificial.

    Su trabajo también se describe como un puente con la sociedad civil, facilitando la participación de actores locales en procesos de monitoreo y denuncia. En un sistema internacional donde los Estados suelen dominar la conversación, esa apertura es relevante: permite que las violaciones no queden encapsuladas en informes gubernamentales y que las experiencias de periodistas, defensoras y comunidades afectadas entren al radar multilateral.

    Finalmente, su influencia se vincula con la elaboración y actualización de normas internacionales. En un mundo donde la tecnología cambia más rápido que las leyes, la producción de principios orientadores y recomendaciones se vuelve una forma de “derecho en movimiento”: no sustituye legislaciones nacionales, pero orienta estándares y crea expectativas de conducta.

    Indicadores de impacto en agenda
    Señales concretas para reconocer impacto en la agenda (sin confundirlo con “cumplimiento” automático):

    • Que organizaciones especializadas (como ARTICLE 19) reconozcan públicamente el legado y lo conecten con estándares internacionales.
    • Que los temas del mandato (censura digital, vigilancia, desinformación, IA) aparezcan de forma recurrente en debates del sistema ONU y en agendas de derechos humanos.
    • Que los informes temáticos se usen como referencia (citas, menciones o lenguaje adoptado) por sociedad civil, academia o instituciones públicas.
    • Que aumente la participación de actores locales en procesos de monitoreo y denuncia vinculados a la Relatoría.
    • Que se consolide un vocabulario común para evaluar restricciones (proporcionalidad, necesidad, salvaguardas, transparencia), especialmente en el entorno digital.

    Colaboración con la sociedad civil

    La colaboración con organizaciones de la sociedad civil aparece como un componente clave del impacto de Khan. La Relatoría fortaleció lazos con actores que documentan violaciones y acompañan a víctimas, facilitando su participación en procesos de monitoreo y denuncia. En la práctica, esto amplía la capacidad de observación: donde el acceso institucional es limitado, las redes locales sostienen la evidencia y el contexto.

    Esta colaboración también tiene un efecto de legitimidad. Cuando una Relatoría recoge preocupaciones de organizaciones especializadas, el debate internacional se vuelve menos abstracto y más conectado con la vida cotidiana: cómo se restringe la información, cómo se castiga el periodismo, cómo se hostiga a mujeres en línea. El reconocimiento de ARTICLE 19 al legado de Khan se entiende en esa línea: una agenda de libertad de expresión necesita alianzas con quienes trabajan en el terreno.

    Además, la sociedad civil suele ser la primera en detectar nuevas formas de censura digital o vigilancia. En un ecosistema que cambia rápido, esa capacidad de alerta temprana es crucial para que los informes temáticos no lleguen tarde y para que las recomendaciones respondan a riesgos reales, no a debates ya superados.

    Influencia en la elaboración

    Desde la perspectiva de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices Mexico / Fundación MSI México), la libertad de expresión con enfoque de género es una condición habilitante para que mujeres y personas gestantes accedan a información laica, científica y objetiva sobre derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, y para que el debate público ocurra libre de estigma y violencia.

    Este texto se basa en información públicamente disponible sobre el cierre del mandato 2020–2026 y en reconocimientos difundidos por organizaciones especializadas. Las referencias a “impacto” se entienden como señales observables (agenda, lenguaje, alianzas), no como cambios atribuibles de forma directa a una sola persona. Algunos detalles pueden variar o actualizarse a medida que se publiquen nuevos documentos o recuentos oficiales.


    Fuentes consultadas

    • Irene Khan deja la Relatoría de la ONU con un legado en libertad de expresión y derechos de las mujeres — cimacnoticias.com.mx/2026/08/14/irene-khan-deja-la-relatoria-de-la-onu-con-un-legado-en-libertad-de-expresion-y-derechos-de-las-mujeres/
    • eldiariodevaldesia.com/valdesia-informe-de-la-onu-alerta-sobre-poder-digital-sin-control-y-reabre-exige/
    • libraryresources.unog.ch/conferenceprimers/HRC
    • facebook.com/ChannelAfrica1/posts/on-air-amnesty-international-has-called-on-candidates-vying-for-the-presidency-i/1690336176434472/
    • instagram.com/p/DcCH3UyGW8M/