Tabla de contenidos
- 1. Adax Digitales busca sanciones por retraso judicial
- 2. Queja de Adax Digitales por retraso en la resolución del amparo
- 3. Declaración de inconstitucionalidad del aborto en Querétaro
- 4. Retraso en la resolución del recurso de revisión
- 4.1 Contexto y alcance del caso (qué se discute y qué no)
- 5. Acciones y declaraciones de Mayra Dávila Alvarado
- 6. Posibles sanciones para el magistrado involucrado
- 7. Conclusiones sobre el caso de Adax Digitales y la despenalización del aborto en Querétaro
- 7.1 Implicaciones de la queja presentada
- 7.2 El futuro de los derechos reproductivos en México
- 8. Fuentes consultadas
Adax Digitales busca sanciones por retraso judicial
Investigación por demora judicial
Adax Digitales impulsa un amparo para retirar del Código Penal de Querétaro artículos que sancionan el aborto y, ante la falta de resolución en la etapa de revisión, pidió que se investigue la actuación del magistrado responsable del expediente. Lo que se solicita no es “castigar una postura” sobre el tema, sino revisar si hubo una demora injustificada en un asunto que impacta derechos y tiempos de acceso a la justicia.
- Adax Digitales presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación por el retraso en un recurso de revisión ligado a la despenalización del aborto en Querétaro.
- El amparo fue promovido en 2023 y, en primera instancia, obtuvo una sentencia favorable en abril de 2024.
- Congreso local y Ejecutivo estatal interpusieron recursos de revisión en 2024; desde entonces no hay proyecto de resolución.
- La organización sostiene que la ley marca 90 días para dictar sentencia tras concluir etapas procesales.
Queja de Adax Digitales por retraso en la resolución del amparo
La organización civil Adax Digitales, a través de su fundadora y activista Mayra Dávila Alvarado, informó que presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación. El objetivo: que se investigue y, en su caso, se sancione al magistrado encargado del recurso de revisión relacionado con un amparo que busca la despenalización del aborto en Querétaro.
Etapas de una queja disciplinaria
Recorrido típico de una queja disciplinaria como la descrita (en términos prácticos):
- Presentación: se entrega la queja con hechos, fechas y el señalamiento del retraso.
- Admisión o prevención: la autoridad puede admitirla o pedir información adicional para completar el expediente.
- Investigación: se recaban constancias del asunto (movimientos del expediente, acuerdos, turnos) y se solicita informe a las personas servidoras públicas involucradas.
- Determinación: puede concluir en archivo (si no se acredita falta) o en una resolución con medidas/sanciones si se acredita responsabilidad.
Puntos de control para el público: si hay acuse de recibo, si se informa la admisión, y si se conoce si se requirió informe al magistrado o al órgano jurisdiccional.
Para Adax Digitales, la demora no es un detalle administrativo: impacta directamente el acceso a la justicia y prolonga la vigencia práctica de normas penales que, en primera instancia, ya fueron consideradas contrarias a derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar. En ese marco, la organización plantea que el Poder Judicial debe actuar con justicia pronta y expedita, especialmente cuando lo que está en juego es un derecho vinculado a salud pública y autonomía reproductiva.
Declaración de inconstitucionalidad del aborto en Querétaro
El caso se originó con un amparo promovido por Adax Digitales en 2023. Ese litigio cuestionó artículos del Código Penal de Querétaro que sancionaban el aborto: los artículos 137, 138, 139 y 140. En primera instancia, el amparo avanzó de manera decisiva.
Cronología del amparo en Querétaro
Hechos clave mencionados públicamente en el caso:
- 2023: Adax Digitales promovió el amparo contra los artículos 137, 138, 139 y 140 del Código Penal de Querétaro.
- 11 de abril de 2024: un juzgado de distrito concedió el amparo y consideró inconstitucionales esos artículos.
- Efecto ordenado en primera instancia: se instruyó al Congreso del estado a derogarlos, al estimar que vulneran derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar.
- 2024: Congreso local y Ejecutivo estatal interpusieron recursos de revisión; desde entonces se reporta que no hay proyecto de resolución.
- Plazo referido por la organización: 90 días para dictar sentencia una vez agotadas las etapas procesales.
Según lo informado, el 11 de abril de 2024 un juzgado de distrito concedió el amparo al considerar inconstitucionales esos artículos. La resolución no se limitó a un pronunciamiento abstracto: ordenó que el Congreso del estado los derogara, al estimar que vulneraban derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En términos prácticos, la sentencia de primera instancia colocó el tema en un terreno de obligaciones institucionales: no solo se trataba de reconocer que la penalización era incompatible con derechos, sino de exigir una acción legislativa concreta para retirar del Código Penal las disposiciones sancionatorias.
Adax Digitales ha sostenido que la despenalización en Querétaro es “inevitable” porque el tema ya ha sido abordado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y porque existen tratados internacionales en materia de derechos humanos que respaldan la protección de la autonomía reproductiva. En esa lógica, el litigio local se inserta en una discusión nacional más amplia: cómo se traduce el reconocimiento judicial de derechos en cambios normativos efectivos.
Retraso en la resolución del recurso de revisión
Contexto y alcance del caso (qué se discute y qué no)
Este caso se centra en el recurso de revisión contra la sentencia de amparo concedida el 11 de abril de 2024 y en el retraso señalado por Adax Digitales para que exista un proyecto de resolución. La discusión pública suele resumirse como “despenalización”, pero aquí el punto procesal inmediato es si la instancia revisora confirma o revoca la sentencia y si el tribunal cumple con los plazos que —según lo expuesto por la organización— aplican para dictar sentencia una vez agotadas las etapas.
En términos de lenguaje jurídico, despenalizar implica retirar sanciones del Código Penal; eso no equivale automáticamente a resolver todos los retos de acceso real a servicios de salud, aunque sí impacta el marco de derechos y la posibilidad de ejercerlos sin criminalización.
| Hito/etapa | Fecha o referencia en el caso | Qué significa en el expediente | Plazo mencionado por la organización |
|---|---|---|---|
| Promoción del amparo | 2023 | Se impugnan artículos penales (137–140) | N/A |
| Sentencia de primera instancia | 11 de abril de 2024 | Se concede el amparo y se ordena derogar artículos | N/A |
| Interposición de recursos de revisión | 2024 | El asunto pasa a instancia revisora | N/A |
| Proyecto de resolución en revisión | “Desde 2024 no hay proyecto” (según lo señalado) | No hay sentencia definitiva reportada | 90 días una vez agotadas etapas |
Tras la sentencia favorable de abril de 2024, el Congreso local y el Ejecutivo estatal ingresaron recursos de revisión ese mismo año. Ese paso procesal detuvo el avance hacia una resolución definitiva, al trasladar el asunto a una instancia revisora.
El reclamo de Adax Digitales es que, desde 2024, el expediente no ha tenido el desenlace que correspondería a los plazos legales: no hay proyecto de resolución, pese a que —según lo señalado por la activista— la norma marca 90 días para dictar sentencia una vez agotadas las etapas procesales.
La organización interpreta esta inacción como parte de “estrategias de dilación” para evitar que el caso se cierre con una confirmación del amparo y, por tanto, con la obligación de derogar los artículos impugnados. En su lectura, el retraso no solo posterga un trámite: prolonga el tiempo en que mujeres y personas gestantes permanecen bajo un marco penal que ya fue cuestionado por inconstitucional en primera instancia.
En el trasfondo, el expediente muestra una tensión frecuente en la implementación de derechos: aun cuando existe una resolución judicial inicial, los recursos y los tiempos institucionales pueden convertirse en una barrera para que el cambio llegue a la vida real. Por eso, la queja ante el Tribunal de Disciplina busca abrir una vía paralela: revisar si hubo responsabilidad por la demora y, con ello, presionar para que el proceso avance.
Acciones y declaraciones de Mayra Dávila Alvarado
Mayra Dávila Alvarado, fundadora de Adax Digitales, ha sido la principal vocera pública del caso. Al anunciar la queja, sostuvo que se debe sancionar a quien “esté interponiéndose” en derechos que, en sus palabras, ya han sido conquistados en tribunales. En su diagnóstico, el retraso responde a un cálculo de “coste político” y a la influencia de grupos religiosos, a los que describió como actores que intervienen “sin sustento jurídico”.
Ejes del Argumento Público
Cómo se ordenan sus argumentos (según sus declaraciones públicas):
- Eje jurídico: el tribunal, en revisión, tendría dos rutas (confirmar o revocar) y revocar sería —en su lectura— contrario a criterios de la Suprema Corte y a tratados de derechos humanos.
- Eje político-institucional: atribuye la demora a un “coste político” y a presiones externas (incluida la influencia de grupos religiosos).
- Eje de derechos e impacto: sostiene que la dilación afecta el acceso a la justicia y mantiene, en la práctica, la vigencia de normas penales ya cuestionadas en primera instancia.
También delineó el escenario jurídico que enfrenta el tribunal: a su juicio, hay dos rutas posibles para el recurso de revisión. La primera, confirmar la resolución de amparo; la segunda, revocarla. Sin embargo, advirtió que revocar sería contrario a los criterios establecidos por la Suprema Corte y a tratados internacionales de derechos humanos, además de representar —según dijo— una respuesta de “poco criterio y capacidad jurídicos”.
Dávila Alvarado planteó que, con la queja, la despenalización podría estar “más cerca” en Querétaro, precisamente porque se obliga a revisar el comportamiento del operador judicial y a dar explicaciones sobre la falta de avance. Su señalamiento apunta a un punto clave: cuando el debate público se centra en “si” habrá cambios, los tiempos procesales pueden convertirse en el verdadero campo de disputa.
En suma, su estrategia combina litigio, denuncia institucional y presión pública para que el caso no quede atrapado en la inercia burocrática y para que el derecho reconocido en una sentencia no se diluya en el camino.
Posibles sanciones para el magistrado involucrado
Adax Digitales sostiene que, si se acredita responsabilidad por el retraso, el magistrado a cargo del caso podría enfrentar sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo informado públicamente, se mencionan cuatro tipos de consecuencias: suspensión, destitución, inhabilitación para ejercer cargos públicos y sanciones económicas.
| Medida mencionada | Qué implica (en términos generales) | Alcance práctico | Trade-off/limitación a considerar |
|---|---|---|---|
| Suspensión | Separación temporal del cargo | Puede frenar la conducción directa del asunto por esa persona | No garantiza por sí sola que el expediente se resuelva de inmediato |
| Destitución | Remoción definitiva del cargo | Señal institucional fuerte si se acredita falta grave | El procedimiento puede ser largo y requiere acreditación sólida |
| Inhabilitación | Prohibición para ocupar cargos públicos por un periodo | Busca evitar reincidencia en funciones públicas | Su duración y procedencia dependen de la gravedad acreditada |
| Sanción económica | Multa u otra consecuencia patrimonial | Efecto disciplinario directo | No sustituye la obligación de emitir resolución en el recurso |
La lógica detrás de estas medidas es disciplinaria: no se discute aquí el sentido del fallo (confirmar o revocar), sino el cumplimiento de deberes vinculados a la conducción del proceso y a los tiempos de resolución. En otras palabras, la queja busca que se determine si hubo una omisión o una dilación injustificada que afecte el derecho de acceso a la justicia.
En el plano jurídico, el caso también deja ver por qué el tiempo importa. Si la ley establece un plazo de 90 días para dictar sentencia una vez concluidas las etapas procesales, rebasarlo sin proyecto de resolución abre la puerta a cuestionamientos sobre el desempeño judicial y sobre la obligación de impartir justicia de manera pronta.
Para las organizaciones que acompañan agendas de derechos humanos, este tipo de procedimientos disciplinarios tiene un efecto adicional: puede enviar un mensaje institucional sobre la importancia de tramitar con seriedad y sin demoras asuntos que impactan derechos fundamentales, como la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud esenciales.
Conclusiones sobre el caso de Adax Digitales y la despenalización del aborto en Querétaro
Implicaciones de la queja presentada
La queja ante el Tribunal de Disciplina coloca el foco en un aspecto que suele quedar fuera del debate: la responsabilidad de las autoridades judiciales frente a los plazos y la obligación de resolver. Si el retraso se investiga y se determina que hubo falta, el caso podría acelerar el curso del recurso de revisión o, al menos, obligar a transparentar por qué no existe un proyecto de sentencia desde 2024.
También puede marcar un precedente sobre cómo la sociedad civil utiliza mecanismos internos del propio Poder Judicial para exigir justicia pronta y expedita. En un tema tan sensible para la vida y la salud de mujeres y personas gestantes, la demora no es neutral: tiene efectos concretos sobre el acceso real a derechos.
Escenarios y efectos prácticos
Escenarios posibles en el recurso de revisión (y qué cambia en la práctica):
- Si se confirma la sentencia: se refuerza la orden de derogar los artículos impugnados y se acorta la distancia entre el fallo y el cambio normativo.
- Si se revoca: se frena el efecto del amparo de primera instancia y se abre una etapa de mayor disputa jurídica y política, con impacto directo en tiempos.
- Si continúa la dilación: el efecto más inmediato es mantener la incertidumbre y prolongar la vigencia práctica del marco penal cuestionado, aun con una sentencia favorable previa.
El futuro de los derechos reproductivos en México
El expediente de Querétaro refleja una dinámica nacional: el reconocimiento judicial de derechos no siempre se traduce de inmediato en cambios normativos y administrativos. La discusión ya no es solo jurídica, sino de implementación: qué hacen los poderes públicos cuando una sentencia ordena derogar artículos penales y cómo responden cuando se interponen recursos que prolongan la definición.
Desde una perspectiva de salud pública y justicia reproductiva, el desenlace del recurso de revisión será relevante no solo por su impacto local, sino por el mensaje institucional que envía: si los derechos se garantizan con resoluciones oportunas o si quedan sujetos a tiempos indefinidos. En ese terreno, la exigencia de Adax Digitales apunta a una idea básica del Estado de derecho: los derechos reconocidos deben poder ejercerse, sin que el reloj judicial se convierta en una barrera.
Este análisis se enmarca en una perspectiva de derechos humanos, salud pública, justicia reproductiva y autonomía corporal, que guía la línea editorial de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices Mexico) al cubrir cómo las decisiones y los tiempos institucionales impactan la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar.
Este texto se basa en información pública disponible al momento de su redacción sobre un amparo y una queja disciplinaria vinculados a la despenalización del aborto en Querétaro. Algunos detalles procesales pueden no ser públicos, estar incompletos o cambiar conforme se emitan nuevas notificaciones. Pueden surgir actualizaciones posteriores, por lo que conviene contrastar con comunicados oficiales del Poder Judicial y de las partes involucradas.
Fuentes consultadas
- Adax Digitales busca sanciones para magistrado que retrasó resolución sobre despenalización del aborto — publimetro.com.mx/queretaro/2026/08/10/adax-digitales-busca-sanciones-para-magistrado-que-retraso-resolucion-sobre-despenalizacion-del-aborto/
- oem.com.mx/elsoldesanjuandelrio/local/sin-voluntad-para-tratar-despenalizacion-del-aborto-senala-adax-digitales-31527916
- facebook.com/MarcaOax/posts/exigen-pena-severa-para-agresor-sexual-y-aborto-por-violaci%C3%B3n-colectivos-y-famil/1738380310957786/
- instagram.com/p/DcCH23OEpYr/
- Prison Policy Initiative, 2025 — prisonpolicy.org/research/women_and_gender/
- Yahoo Noticias, 2024 — es-us.noticias.yahoo.com/idaho-permitir-abortos-proteger-salud-191701316.html