Etiqueta: justicia de género

Tabla de contenidos

• 1. Nueva ley busca endurecer penas por feminicidio
• 2. La nueva Ley Nacional para Prevenir el Feminicidio: Un enfoque punitivista
• 3. Investigación de muertes violentas de mujeres como feminicidio
• 4. Penas propuestas y su impacto en el sistema de justicia
• 5. Críticas a la ley: Deficiencias del sistema de justicia
• 6. El punitivismo en el contexto del feminicidio infantil
• 7. La necesidad de capacitación en el poder judicial
• 8. Alternativas al punitivismo: Prevención y educación
• 9. Reflexiones sobre el Punitivismo en 2026: Un Llamado a la Acción
• 9.1 La necesidad de un enfoque integral en la justicia
• 9.2 Educación y prevención como pilares fundamentales
• 9.3 El papel de la sociedad civil en la transformación del sistema
• 10. Fuentes consultadas

Nueva ley busca endurecer penas por feminicidio

• La iniciativa presidencial de Ley Nacional para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio abre consultas en el Congreso.
• Retoma obligaciones ya existentes: investigar toda muerte violenta de mujeres y personas gestantes como feminicidio (criterio Mariana Lima, SCJN 2015) y homologar el tipo penal (recomendación CEDAW).
• Propone penas de 40 a 70 años sin reducción; el PVEM impulsa otra para feminicidio infantil con penas de 80 años.
• Críticas: el problema central está en fiscalías y juzgados, no en “más castigo”.

La nueva Ley Nacional para Prevenir el Feminicidio: Un enfoque punitivista

La próxima semana, el Congreso abrirá consultas sobre la iniciativa de Ley Nacional para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta el 15 de julio. Desde Presidencia se ha planteado que con esta norma “todas las fiscalías [tendrán] una ley para acabar con la impunidad del feminicidio”.

El anuncio llega en un contexto donde, desde hace años, organizaciones y familias han señalado una brecha persistente entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica. La pregunta de fondo es directa: ¿por qué una nueva ley sería mejor acatada por fiscalías que no han aplicado de forma efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) —reformada en varias ocasiones— o por un poder judicial que, según críticas especializadas, no muestra mayor capacitación en perspectiva de género que el anterior?

En el centro del debate aparece el punitivismo: la idea de que endurecer penas y cerrar márgenes de reducción de sentencia puede funcionar como remedio principal frente a un delito tan grave. La crítica no niega la necesidad de sanción; cuestiona el “fetichismo de la ley” como promesa de que “ahora sí” el Estado erradicará el feminicidio sin tocar las fallas estructurales de las instituciones encargadas de investigar y juzgar.

Más allá del endurecimiento penal

• Punitivismo (en este debate): priorizar la respuesta penal (más años de cárcel, menos beneficios o reducciones) como herramienta central para “resolver” un problema complejo.
• Fetichismo de la ley: la expectativa de que crear una nueva norma —o endurecerla— producirá cambios reales por sí misma, aun cuando las instituciones que deben aplicarla siguen con los mismos vicios, carencias y prácticas.
• Idea clave para leer la iniciativa: no basta con “qué dice” la ley; importa “quién y cómo” la ejecuta (fiscalías, peritajes, juzgados) y qué pasa cuando esa cadena falla.

activistas y especialistas con trayectoria —como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la abogada Andrea Medina— han expresado críticas constructivas: piden mirar el marco jurídico ya existente y, sobre todo, las fallas que hoy bloquean el acceso a la justicia.

En ese sentido, el foco de sus observaciones no es sumar normas o castigos en abstracto, sino cerrar la brecha entre el derecho formal y la investigación efectiva en fiscalías y juzgados.

Investigación de muertes violentas de mujeres como feminicidio

La iniciativa presenta como “novedad” la obligación de investigar cualquier muerte violenta de mujer como feminicidio. Sin embargo, ese estándar ya está establecido en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2015), que marcó un criterio clave: ante una muerte violenta de una mujer, la autoridad debe partir de la hipótesis de feminicidio y agotar esa línea con debida diligencia.

Este enfoque busca evitar que los casos se archiven prematuramente como “suicidios”, “accidentes” u homicidios sin perspectiva de género. También pretende impedir que la investigación se contamine por estereotipos: culpar a la víctima, minimizar antecedentes de violencia o ignorar patrones de control y amenazas.

Pero convertir un criterio judicial en obligación legal no garantiza, por sí mismo, que cambie la realidad cotidiana de las investigaciones. La crítica apunta a la cadena completa: desde la primera respuesta institucional hasta la integración del expediente. Si no se resguarda la escena del crimen, si se pierden pruebas, si se manipulan actuaciones o si se revictimiza a las familias, el mandato de “investigar como feminicidio” queda en el papel.

Ruta de investigación con enfoque de género
1) Primer contacto y denuncia → Checkpoint: registro completo y sin revictimización (evitar “vuelva mañana”, “repita todo”, “seguro se fue con alguien”).
2) Preservación de la escena → Checkpoint: acordonamiento, control de acceso y documentación; si la escena se contamina, la investigación se debilita desde el inicio.
3) Levantamiento y resguardo de indicios → Checkpoint: cadena de custodia; pérdidas o “traslados informales” vuelven impugnables pruebas clave.
4) Peritajes con perspectiva de género → Checkpoint: tiempos; peritajes tardíos o incompletos abren huecos que luego no se pueden corregir.
5) Hipótesis y líneas de investigación → Checkpoint: partir de feminicidio y agotar esa línea (Mariana Lima); no cerrar el caso por estereotipos.
6) Integración del expediente → Checkpoint: consistencia y trazabilidad; expedientes incompletos, manipulados o extraviados suelen “caerse” en etapas posteriores.
7) Judicialización y litigio → Checkpoint: coordinación fiscalía-peritos; si la teoría del caso no está sustentada, la pena máxima es irrelevante.

Además, la iniciativa también plantea homologar el delito en los estados, una recomendación reiterada por la CEDAW. La homologación puede ayudar a reducir disparidades normativas, pero no sustituye la capacidad real de investigar: personal suficiente, peritajes oportunos, protocolos aplicados y controles contra la corrupción y la colusión.

El estándar de investigar toda muerte violenta como feminicidio ya existe; el desafío es que se cumpla de forma consistente, con ética y con recursos, en cada fiscalía y en cada juzgado.

Penas propuestas y su impacto en el sistema de justicia

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es el aumento de penas: entre 40 y 70 años de cárcel, además de establecer que no exista posibilidad de acortar la sentencia. En paralelo, se menciona que el PVEM sugirió otra ley para feminicidio infantil, considerada innecesaria por voces críticas, con penas de 80 años.

El debate sobre penas suele presentarse como una disputa entre “mano dura” y “permisividad”. Sin embargo, especialistas en justicia penal y género han insistido en un argumento distinto: aumentar las penas no previene ni disminuye el delito. La prevención depende más de la certeza de investigación y sanción —y de la intervención temprana ante violencias previas— que de castigos máximos en abstracto.

También hay un impacto sistémico: las cárceles ya están descritas como sobrepobladas e inhumanas. Endurecer penas sin una estrategia integral puede agravar la saturación penitenciaria, sin resolver el cuello de botella principal: investigaciones deficientes y procesos judiciales que no llegan a sentencia o que se caen por fallas de origen.

Otra consecuencia posible, señalada en las críticas, es el incentivo perverso: penas extremadamente altas pueden empujar a ocultar el crimen o a intensificar “tratos y tretas” para torcer la investigación y el juicio. Cuando el costo penal es máximo, crece la presión por manipular pruebas, influir en autoridades o desviar líneas de investigación.

Severidad vs Certeza de Sanción

• Lo que se busca con penas más altas: enviar un mensaje de gravedad, elevar el castigo potencial y mostrar “cero tolerancia”.
• Lo que puede salir mal si la impunidad sigue igual:
• Más saturación del sistema penitenciario sin aumentar sentencias firmes.
• Más incentivos a ocultar el crimen o a desviar la investigación cuando el “costo” penal es extremo.
• Más presión para “arreglos” y corrupción (torcer peritajes, perder expedientes, fabricar versiones).
• Menos foco en lo que sí cambia resultados: investigación sólida, peritajes oportunos, protección a víctimas indirectas y sanción a funcionarios omisos.
• Punto de equilibrio que sugiere la crítica: la severidad importa menos que la certeza de investigar, judicializar y sentenciar con debida diligencia.

En este punto, la discusión no es solo jurídica: es de política pública. Si el Estado apuesta casi todo a la severidad, pero deja intactas las condiciones que producen impunidad, el resultado puede ser más castigo en el discurso y la misma falta de justicia en la práctica.

Críticas a la ley: Deficiencias del sistema de justicia

Las críticas más consistentes no se enfocan en que “falte castigo”, sino en que sobran fallas institucionales. El problema, se ha dicho, radica en el sistema de justicia: desde quien recibe la denuncia y revictimiza a la familia —obligándola a repetir una y otra vez lo ocurrido— hasta quien debe juzgar con perspectiva de género, honradez y sentido de justicia y no lo hace.

Entre esos extremos hay una cadena de responsabilidades: personal que no resguarda la escena del crimen, que no protege pruebas, que manipula o pierde expedientes. En la experiencia acumulada desde las investigaciones de feminicidio en Ciudad Juárez, abogadas, académicas, activistas y organismos internacionales han reiterado una exigencia: sancionar a servidores públicos omisos, coludidos o corruptos, de todo nivel.

Fallas críticas en la investigación
Fallas concretas que el propio debate viene señalando (y por qué pesan más que “subir años”):

• Revictimización en la denuncia (hacer repetir el relato, trato indigno) → desgasta a familias, retrasa actuaciones y puede inhibir aportación de información clave.
• No resguardar la escena del crimen → se contamina el lugar, se pierden indicios y luego es difícil sostener una teoría del caso.
• Pérdida/manipulación de pruebas → abre la puerta a impugnaciones y a que el caso no llegue a sentencia.
• Expedientes extraviados o incompletos → el proceso se “cae” por fallas de origen, aunque la pena sea altísima.
• Juzgar sin perspectiva de género → se filtran estereotipos en decisiones, se minimizan antecedentes de violencia y se reduce la posibilidad de justicia.

Conclusión práctica: si estos puntos no se corrigen y sancionan, una nueva ley puede cambiar el texto, pero no el resultado.

Las normas vigentes ya contemplan sanciones, pero la impunidad persiste. Por eso, la crítica a una nueva ley punitivista es también una crítica a la simulación: prometer erradicación del feminicidio sin depurar instituciones, sin reestructurar fiscalías, sin garantizar recursos y sin construir capacidades reales.

También se advierte contra la idea de crear más fiscalías “especializadas” como solución automática. Si las fiscalías existentes están viciadas, sin personal suficiente, sin instalaciones y horarios decentes, y con influencias políticas o criminales, el rótulo de “especializada” no cambia el desempeño.

En síntesis: el sistema puede tener más leyes y más años de cárcel, pero si no corrige sus prácticas —y si no sanciona la corrupción y la omisión— seguirá fallando a las víctimas y a sus familias.

El punitivismo en el contexto del feminicidio infantil

El impulso punitivista se ha extendido al debate sobre feminicidio infantil. En el espacio público se mencionó la propuesta del PVEM de una ley específica, con penas de 80 años, calificada como innecesaria por voces críticas. El riesgo, advierten, es repetir el patrón: responder a una violencia extrema con una promesa de castigo extremo, sin fortalecer lo que realmente puede salvar vidas: prevención, detección temprana, investigación efectiva y protección.

Cuando la víctima es una niña, el Estado tiene obligaciones reforzadas: priorizar infancias no puede traducirse solo en elevar el máximo de prisión. Si la investigación falla —si se pierden pruebas, si no se actúa con rapidez, si se revictimiza a la familia— la pena más alta no se aplica porque el caso no llega a sentencia firme.

Además, el punitivismo puede desplazar preguntas urgentes: ¿qué mecanismos están fallando para que la violencia escale? ¿qué pasa en escuelas, comunidades y hogares cuando aparecen señales de riesgo? ¿qué instituciones tienen capacidad real para intervenir antes de que ocurra el feminicidio?

Prevención, protección, investigación y justicia
Para ordenar el debate cuando la víctima es niña (más allá del “máximo castigo”):

• Prevención (antes): detección de señales de riesgo, educación para relaciones igualitarias, entornos escolares y comunitarios que no normalicen violencia.
• Protección (durante): respuesta rápida, medidas de resguardo y coordinación institucional para evitar que el riesgo escale.
• Investigación (inmediata): prioridad de tiempo (horas importan), preservación de escena, peritajes oportunos y líneas de investigación sin estereotipos.
• Justicia y reparación (después): judicialización sólida, trato digno a la familia, reparación del daño y sanción a funcionarios omisos/corruptos.

Idea central: si falla cualquiera de estos cuatro frentes, la pena de 80 años se vuelve una promesa que rara vez llega a aplicarse.

La discusión también toca un punto sensible: el endurecimiento penal puede ser políticamente rentable, pero no necesariamente eficaz. En delitos donde la impunidad es alta, la prioridad suele ser elevar la capacidad de investigación y judicialización, no solo elevar el techo de castigo.

En este contexto, la crítica no minimiza el horror del feminicidio infantil; insiste en que la respuesta estatal debe ser proporcional, sí, pero sobre todo funcional: que investigue, proteja y repare, en lugar de prometer penas que rara vez se materializan por fallas del propio sistema.

La necesidad de capacitación en el poder judicial

Una de las advertencias más repetidas es que, mientras no exista capacitación y no se sancione a quienes operan, facilitan o toleran la corrupción u omisión en fiscalías y juzgados, las leyes serán inútiles. La iniciativa puede multiplicar obligaciones, pero su cumplimiento depende de personas e instituciones que hoy arrastran prácticas arraigadas.

La capacitación requerida no es un trámite. Implica formar para investigar y juzgar con perspectiva de género (PEG), pero también para sostener estándares básicos de integridad: resguardo de pruebas, cadena de custodia, trato digno a víctimas indirectas, y decisiones judiciales que no reproduzcan estereotipos.

El texto crítico que circula en el debate público plantea una comparación incómoda: ¿por qué pensar que un poder judicial “menos capacitado en PEG que el anterior” aplicará mejor una nueva ley? La pregunta no es retórica; apunta a la necesidad de políticas de formación continuas, evaluables y vinculadas a consecuencias cuando se incumplen obligaciones.

También aparece una exigencia institucional: depurar y reestructurar fiscalías para eliminar vicios, incluyendo influencias políticas o criminales, y dotarlas de recursos y personal suficiente. Sin esa base, la capacitación se vuelve insuficiente: no se puede exigir excelencia a equipos saturados, sin peritos, sin turnos adecuados o sin condiciones mínimas de trabajo.

Capacidades mínimas para investigar feminicidios
Capacidades mínimas que deberían poder verificarse (en fiscalías y juzgados) para que “investigar como feminicidio” no sea solo una frase:

• Recepción de denuncia sin revictimización y con registro completo desde el primer contacto.
• Preservación de escena y cadena de custodia documentada.
• Peritajes oportunos (tiempos claros) y con perspectiva de género.
• Integración de expediente con trazabilidad (qué se hizo, cuándo, por quién) para evitar pérdidas/manipulaciones.
• Criterios de PEG aplicados en decisiones judiciales (sin estereotipos, sin culpar a la víctima).
• Mecanismos internos para detectar y sancionar omisión/corrupción (no solo “llamados de atención”).
• Condiciones operativas básicas: personal suficiente, turnos/horarios decentes, instalaciones funcionales.

La justicia con perspectiva de género no se decreta: se construye con capacidades, controles y sanciones efectivas a la omisión y la corrupción.

Alternativas al punitivismo: Prevención y educación

Desde hace décadas se subraya la importancia de la prevención. La violencia contra mujeres y niñas —derivada de relaciones de poder desigual— suele estar tolerada y normalizada desde manifestaciones consideradas “menos graves”, como el acoso o la discriminación de género. En ese terreno, las penas “ejemplares” llegan tarde: cuando la violencia ya escaló.

Las críticas a la iniciativa insisten en que no se previene con campañas improvisadas ni solo con castigo. Lo que se requiere, han propuesto especialistas en género y educación, son programas integrales que incidan en la socialización de niños, niñas y adolescentes para enseñar relaciones igualitarias y respetuosas. Se menciona con claridad un horizonte educativo: desde preescolar y, “sobre todo”, desde la secundaria.

Ese enfoque implica un compromiso estatal de inversión a largo plazo: programas bien diseñados, probados, con recursos financieros y humanos suficientes. La prevención no es un eslogan; es una política sostenida que compite por presupuesto, tiempo escolar, formación docente y evaluación.

También se subraya la necesidad de aplicar los lineamientos de la LGAMVLV para medios de comunicación sobre la no tolerancia ni promoción de la violencia de género. La forma en que se narra la violencia importa: puede contribuir a normalizarla o a desnaturalizarla, puede revictimizar o puede informar con responsabilidad.

Desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, la prevención y la educación son parte del mismo objetivo: reducir riesgos, ampliar capacidades de protección y garantizar que mujeres y personas con capacidad de gestar vivan libres de violencia. Sin ese piso, el punitivismo se vuelve una respuesta tardía que no cambia las condiciones que permiten que el feminicidio ocurra.

Reflexiones sobre el Punitivismo en 2026: Un Llamado a la Acción

La necesidad de un enfoque integral en la justicia

El debate de 2026 deja una lección: una ley nueva, por sí sola, no corrige fiscalías que no investigan ni juzgados que no aplican perspectiva de género. Investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio y homologar tipos penales son pasos relevantes, pero ya existen criterios y recomendaciones en esa dirección; el reto es cumplirlos con instituciones capaces y controladas.

La acción integral exige depuración, reestructuración, recursos, sanción a la omisión y a la corrupción, y un trato digno a familias que hoy cargan con la revictimización y la repetición interminable de trámites. Sin esa transformación, el endurecimiento de penas corre el riesgo de ser una promesa política sin impacto real en la impunidad.

Educación y prevención como pilares fundamentales

La prevención no compite con la justicia: la complementa. Programas educativos desde etapas tempranas —con énfasis en secundaria— para construir relaciones igualitarias y respetuosas son una apuesta de largo plazo que atiende la raíz: la normalización de la violencia y la desigualdad de poder.

Aplicar lineamientos para medios y sostener políticas públicas con recursos suficientes también forma parte de esa prevención. Si el Estado quiere resultados, debe invertir en capacidades sociales e institucionales, no solo en castigos más altos.

El papel de la sociedad civil en la transformación del sistema

Las críticas constructivas de organizaciones, abogadas, activistas y familias víctimas no son un obstáculo: son una fuente de experiencia acumulada. Tomarlas en serio implica reconocer que el problema no se resuelve con “más punitivismo” si las instituciones siguen siendo las mismas.

Ruta para cambios verificables
Ruta de acción (convertir el diagnóstico en cambios verificables):
1) Antes de legislar “más”: mapear qué ya obliga el marco vigente (LGAMVLV, criterios judiciales como Mariana Lima) y dónde se incumple en la práctica.
2) Reparar la cadena de investigación: asegurar preservación de escena, peritajes oportunos, cadena de custodia y expedientes íntegros (con supervisión y consecuencias).
3) Capacitar y evaluar con PEG: formación continua para fiscalías y juzgados, con indicadores observables (resoluciones, tiempos, trato a familias) y correcciones.
4) Sancionar omisión y corrupción: investigar y sancionar a servidores públicos omisos/coludidos/corruptos para romper la impunidad institucional.
5) Invertir en prevención sostenida: programas educativos y comunitarios con recursos, continuidad y evaluación (no acciones aisladas).

En 2026, el llamado a la acción es claro: menos fe en el castigo como solución única, más reforma institucional, capacitación ética y prevención sostenida. Desde la perspectiva de derechos y justicia reproductiva, la promesa de un país donde mujeres, niñas y personas gestantes vivan sin violencia requiere un Estado que funcione antes, durante y después del delito: prevenga, investigue, sancione y repare.

Este análisis se enmarca en el enfoque editorial de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices Mexico): derechos humanos, salud pública, justicia reproductiva y autonomía corporal, con énfasis en cómo las políticas e instituciones impactan el acceso real a la justicia y a una vida libre de violencia.

Este texto se elaboró en el contexto de las consultas legislativas anunciadas para 2026 sobre una iniciativa de Ley Nacional en materia de feminicidio, con base en información públicamente disponible al momento de escribir. Los detalles de dictámenes, redacciones finales y votaciones pueden modificarse conforme avance el proceso parlamentario y se publiquen versiones oficiales. La discusión se limita a cómo las reformas punitivas interactúan con la capacidad real de investigación y justicia, por lo que futuras actualizaciones podrían matizar o ajustar estas conclusiones.

Fuentes consultadas

• Más punitivismo, mismas fiscalías — cimacnoticias.com.mx/2026/08/14/mas-punitivismo-mismas-fiscalias/
• dle.rae.es/punitivo
• es-us.noticias.yahoo.com/punitivismo-fiscal%C3%ADas-023804813.html
• lpderecho.pe/nohelia-mengoa-prision-preventiva-no-problema-problema-punitivismo-penal-sobrecriminalizacion-conductas/
• outraspalavras.net/crise-brasileira/seguranca-o-punitivismo-ja-nao-une-os-brasileiros/
• instagram.com/reel/Db4QEVHDjKa/
• Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, 2026 — facebook.com/secretariasalud.tijuana/videos/-en-baja-california-tu-derecho-al-servicio-de-una-interrupci%C3%B3n-segura-del-embara/1327287352492552/
• Uniradio Informa, 2026 — uniradiobaja.com/sociedad/baja-california-acumula-100-reportes-abortos-ubica-como-cuarto-estado-mas-casos-pais-actual-sexenio-n897685