Matrimonio infantil en Afganistán: el decreto de 2026

Tabla de contenidos

• 1. El decreto permite el matrimonio infantil
• 2. Detalles del Decreto 18
• 3. Implicaciones del Decreto 18 para los derechos de las mujeres y niñas
• 4. Consentimiento y coacción en el matrimonio infantil
• 5. Autoridad familiar en el matrimonio de menores
• 6. Violaciones al derecho internacional en el contexto afgano
• 7. Barreras jurídicas para las niñas en el matrimonio
• 8. Reacciones de organizaciones de derechos humanos
• 9. Reflexiones sobre el matrimonio infantil en Afganistán
• 9.1 Impacto en los derechos humanos
• 9.2 El papel de la comunidad internacional
• 10. Fuentes consultadas

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El decreto permite el matrimonio infantil

• El Decreto 18, publicado el 14 de mayo de 2026, regula la separación judicial y consolida un marco que mantiene matrimonios concertados en la infancia.
• El texto reduce la autonomía de mujeres y niñas al debilitar la noción de consentimiento y ampliar el control masculino y familiar sobre los acuerdos conyugales.
• Introduce reglas como interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación, elevando el riesgo de coacción.
• Impone barreras procesales para impugnar un matrimonio infantil, mientras los hombres conservan vías de divorcio más simples y unilaterales.

Normalización del matrimonio infantil

• El decreto introduce una regla de consentimiento “muy problemática”: interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio, lo que aumenta el riesgo de coacción e intimidación.
• Concede amplia autoridad a padres y abuelos para concertar el matrimonio de menores; y, en ciertas circunstancias, considera legalmente válido el matrimonio concertado por miembros de la familia extensa.
• Mantiene el matrimonio concertado durante la infancia y restringe la capacidad de mujeres y niñas para impugnar o abandonar ese tipo de uniones.
• Para impugnar, establece barreras jurídicas y procesales (por ejemplo, aprobación judicial y requisitos temporales), mientras que —según el análisis citado— los hombres suelen conservar vías de divorcio más simples y unilaterales.
• En conjunto, el efecto descrito por Amnistía Internacional es que el texto normaliza el matrimonio infantil al convertir el consentimiento en una presunción y al reforzar la tutela familiar/masculina.

Detalles del Decreto 18

El 14 de mayo de 2026, las autoridades talibanas publicaron en un boletín oficial el Decreto 18, titulado “Código sobre la Separación Judicial de los Cónyuges”.

Este artículo se basa en el análisis jurídico difundido por Amnistía Internacional y en las citas de especialistas en derecho afgano recogidas en ese documento. En apariencia, el texto define circunstancias y procedimientos para que mujeres y niñas soliciten la disolución del matrimonio. En la práctica, según el análisis jurídico difundido por Amnistía Internacional, el decreto consolida disposiciones que mantienen el matrimonio concertado durante la infancia y restringen la capacidad de impugnar o abandonar uniones de ese tipo.

Cómo cambia el Decreto 18
Antes → después (por qué el Decreto 18 cambia el terreno)

• Antes del 14 de mayo de 2026: no había una ley talibán única y específica sobre separación conyugal; los casos se resolvían con una mezcla de decretos religiosos, jurisprudencia hanafí y decisiones judiciales discrecionales.
• Con el Decreto 18: se “codifican” criterios y procedimientos que, según el análisis jurídico citado, no introducen garantías nuevas, sino que fijan reglas que pueden hacer más difícil impugnar matrimonios infantiles/forzados.
• Resultado práctico: lo que antes podía variar por juez o práctica local pasa a tener un texto de referencia que estructura quién puede salir del matrimonio, cuándo y cómo, en un contexto de tutela masculina.

Amnistía Internacional sostiene que el decreto es “la última andanada” dentro de un patrón de restricciones crecientes a los derechos de mujeres y niñas en Afganistán, que incluye barreras al acceso a educación, empleo y participación en la vida pública. En ese marco, la regulación de la separación conyugal se vuelve una pieza clave: define quién puede salir de un matrimonio, bajo qué condiciones y con qué costos legales y sociales.

Implicaciones del Decreto 18 para los derechos de las mujeres y niñas

El impacto del Decreto 18 no se limita a procedimientos judiciales: toca el núcleo de la autonomía corporal y reproductiva de mujeres y personas con capacidad de gestar, porque el matrimonio infantil y forzado suele traducirse en relaciones sexuales no consentidas, embarazos tempranos y dependencia total del entorno familiar y del cónyuge.

Amnistía Internacional advierte que el código “despoja de toda autonomía en la práctica” al eliminar la noción de consentimiento, otorgar a los varones de la familia control sobre acuerdos conyugales y ofrecer vías mínimas para impugnar uniones forzadas. En palabras de Isabelle Lassee, directora regional adjunta de la organización para Asia Meridional, el conjunto de disposiciones “institucionaliza y normaliza el matrimonio infantil”.

Además, el decreto refuerza un sistema de tutela masculina: centraliza autoridad sobre la vida personal de mujeres y niñas y las trata como si no fueran titulares de derechos independientes. Esto no es un detalle técnico; es una arquitectura legal que condiciona decisiones fundamentales: con quién casarse, si permanecer o no en una unión, y qué posibilidades reales existen para buscar protección.

La discriminación por género aparece también en el diseño de las salidas: el decreto impone obstáculos para mujeres y niñas que buscan disolver el matrimonio, mientras que los hombres, de acuerdo con el análisis citado, suelen poder divorciarse de forma unilateral y sin requisitos equivalentes como testigos, confirmación judicial o procedimientos complejos. En un sistema así, la “separación” deja de ser un derecho accesible y se convierte en un privilegio asimétrico.

Consentimiento y coacción en el matrimonio infantil

Uno de los puntos más preocupantes del Decreto 18 es cómo redefine —o vacía— el concepto de consentimiento. El código introduce normas “muy problemáticas”, entre ellas interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio. En cualquier marco de derechos humanos, el consentimiento debe ser claro, voluntario y mutuo; convertir el silencio en “sí” abre la puerta a la intimidación, la presión familiar y el miedo como mecanismos de decisión.

Este tipo de regla no opera en el vacío. En contextos donde el poder está concentrado en figuras masculinas y donde las niñas enfrentan barreras para acceder a educación, empleo o redes de apoyo, el silencio puede ser una respuesta aprendida para evitar castigos o conflictos. Si el sistema legal lo traduce automáticamente como consentimiento, el resultado es un riesgo adicional de coacción y, por tanto, un aumento de matrimonios forzados.

Amnistía Internacional subraya que el decreto ofrece vías limitadas para impugnar uniones forzadas. Eso significa que incluso cuando una niña o una mujer intenta decir “no” —o intenta salir—, el diseño procesal puede impedir que esa negativa tenga efectos reales. La coacción no siempre es explícita; puede estar incorporada en reglas que exigen condiciones difíciles de cumplir o que trasladan la carga de la prueba a quien menos recursos tiene.

En términos de justicia reproductiva, el consentimiento no es un trámite: es la base para que una persona pueda decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro. Cuando el Estado —o una autoridad de facto— valida el matrimonio infantil con reglas que presumen consentimiento donde no puede existir libertad real, se institucionaliza la vulneración.

Consentimiento claro, no silencio
Cómo distinguir “consentimiento” de “presunción por silencio”

• Consentimiento claro: hay una afirmación explícita (un “sí” inequívoco), no una interpretación de la ausencia de respuesta.
• Consentimiento voluntario: la decisión se toma sin miedo a represalias, sin presión familiar y con posibilidad real de negarse.
• Consentimiento mutuo: ambas partes pueden aceptar o rechazar en condiciones comparables.
• Señal de alerta: cuando el sistema convierte el silencio (especialmente de una menor) en aceptación, el “consentimiento” deja de ser una elección y puede volverse una presunción útil para terceros.

Autoridad familiar en el matrimonio de menores

El Decreto 18 amplía y legitima la autoridad familiar sobre el matrimonio de menores. El análisis citado indica que el código concede amplia autoridad a padres y abuelos para concertar el matrimonio de menores de edad, lo que facilita el matrimonio infantil. Además, establece que el matrimonio concertado por miembros de la familia extensa puede considerarse legalmente válido en determinadas circunstancias.

Este punto es central porque desplaza el eje de decisión: no se trata de lo que quiere la niña, sino de lo que acuerdan quienes tienen poder sobre ella. En un sistema de tutela masculina, la familia —y especialmente los varones— se convierte en intermediaria obligatoria de la vida personal de mujeres y niñas. La consecuencia es que el matrimonio deja de ser una unión entre personas con capacidad de decidir y pasa a ser un arreglo administrado por terceros.

Isabelle Lassee lo resume como un refuerzo de la tutela masculina que “centraliza la autoridad sobre la vida personal de las mujeres”. En la práctica, esto puede traducirse en que la “idoneidad” del matrimonio, la oportunidad del enlace y la permanencia en la unión se definan desde fuera, con criterios que no necesariamente consideran el bienestar, la seguridad o la voluntad de la menor.

La autoridad familiar, cuando está respaldada por un código, también puede operar como barrera para buscar ayuda: si la familia es quien decide y el sistema legal lo valida, ¿a quién puede acudir una niña para impugnar? El decreto, además, no se presenta como una herramienta de protección, sino como una norma que mantiene matrimonios concertados en la infancia y reduce las opciones para cuestionarlos.

Ruta hacia la unión temprana
Flujo típico que el decreto puede facilitar (según el análisis citado)
1) Familia (padres/abuelos) acuerda el matrimonio de una menor.
2) La norma reconoce autoridad familiar amplia; en ciertos casos, también valida acuerdos de familia extensa.
3) Si la menor guarda silencio tras la pubertad, el sistema puede interpretarlo como aceptación.
4) La unión queda “blindada” en la práctica: para impugnar/disolver, se activan filtros (p. ej., aprobación judicial y requisitos temporales).
5) Punto crítico: cuanto más tarde o difícil sea impugnar, mayor es el riesgo de dependencia, aislamiento y coacción sostenida.

Violaciones al derecho internacional en el contexto afgano

Amnistía Internacional sostiene que el Decreto 18 incumple el derecho internacional de los derechos humanos.

En este contexto, es importante distinguir entre despenalización (eliminar la pena) y legalización (establecer obligaciones y garantías de acceso): el Decreto 18 no amplía derechos ni crea garantías, sino que formaliza reglas que restringen la autonomía y el consentimiento. El estándar internacional exige protección frente al matrimonio infantil y forzado, igualdad en el matrimonio y, de manera crucial, consentimiento claro, voluntario y mutuo. Cuando un código interpreta el silencio como aceptación o permite que terceros concierten matrimonios de menores, se aleja de ese estándar.

La violación no es sólo conceptual: se materializa en la desigualdad de acceso a la justicia. El decreto impone barreras a mujeres y niñas para disolver el matrimonio, mientras que los hombres cuentan con mecanismos más simples y unilaterales. Esa asimetría contradice el principio de igualdad en el matrimonio y en su disolución.

El contexto institucional agrava el problema. Tras el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, el sistema de justicia oficial y legal colapsó y, en noviembre de 2022, el líder supremo talibán emitió una orden de obligado cumplimiento para aplicar plenamente la sharia en el país. En ese entorno, un decreto como el 18 no es una norma aislada: se inserta en un ordenamiento que, según la información citada, ha producido más de 470 decretos, directivas y órdenes desde 2021, con 79 dirigidos específicamente a mujeres y niñas.

El derecho internacional no se cumple por declaración, sino por garantías efectivas. Si el marco legal reduce el consentimiento a una presunción, fortalece la tutela masculina y limita las vías de impugnación, el resultado es un sistema que normaliza prácticas prohibidas por estándares internacionales.

Barreras jurídicas para las niñas en el matrimonio

Incluso cuando una niña intenta impugnar su matrimonio, el Decreto 18 establece obstáculos procesales significativos. Entre ellos, que las impugnaciones sólo puedan hacerse con la aprobación de un tribunal y una vez que la niña haya alcanzado la pubertad. Este diseño es crítico: condiciona el acceso a la justicia a una etapa posterior, cuando el daño —la unión impuesta— ya se consumó y cuando la menor puede estar más expuesta a control, aislamiento o violencia.

Amnistía Internacional señala que el decreto refleja una discriminación basada en el género: a los hombres no se les imponen barreras comparables para disolver su matrimonio. Según el análisis, los hombres normalmente pueden divorciarse de forma unilateral y sin necesidad de testigos, confirmación judicial ni requisitos técnicos complejos. La desigualdad no es accidental; está escrita en el procedimiento.

La organización también documentó su análisis conversando con cinco especialistas en derecho afgano. En ese marco, Najla Rahil —vocal de la Asociación Independiente de Abogados Defensores en el Exilio y fundadora de la Organización por la Identidad de las Mujeres— describió el decreto como una norma que limita la libertad de las mujeres para elegir cónyuge y crea obstáculos rigurosos, incluso en casos donde el esposo está ausente o en paradero desconocido.

“[Esta es] una ley abiertamente misógina que vulnera gravemente los derechos fundamentales de las mujeres, en particular las que atraviesan situaciones familiares difíciles […] Estas normas limitan la libertad de las mujeres para elegir cónyuge, dejan en manos de los hombres las decisiones sobre la idoneidad del matrimonio y crean rigurosos obstáculos en los casos en que el esposo está ausente o en paradero desconocido”.
Najla Rahil, Asociación Independiente de Abogados Defensores en el Exilio / Organización por la Identidad de las Mujeres

Cuando la salida legal está llena de candados, el matrimonio infantil se vuelve una trampa jurídica: no sólo es fácil entrar por decisión de terceros, sino difícil salir incluso cuando hay razones de seguridad o dignidad.

Barreras para impugnar uniones infantiles
Barreras que el análisis destaca para niñas (y por qué pesan)

• Aprobación judicial obligatoria para impugnar: añade un filtro que puede ser lento o inaccesible.
• Requisito temporal ligado a la pubertad: retrasa la posibilidad de impugnación hasta después de que la unión ya se consolidó.
• Asimetría de género en la disolución: mientras mujeres/niñas enfrentan requisitos, los hombres suelen tener vías más simples/unilaterales (según el análisis citado).
• Dependencia del entorno familiar: si la familia concertó la unión y el sistema la valida, pedir ayuda puede implicar enfrentarse a quienes controlan recursos y movilidad.

Reacciones de organizaciones de derechos humanos

La reacción más articulada y documentada en torno al Decreto 18 proviene de Amnistía Internacional, que lo enmarca como parte de un “ataque constante” a los derechos de mujeres y niñas. Su análisis jurídico sostiene que el código institucionaliza el matrimonio infantil al eliminar el consentimiento como elemento real, reforzar la tutela masculina y limitar las vías para impugnar uniones forzadas.

Isabelle Lassee, desde la dirección regional adjunta para Asia Meridional, enfatizó que el decreto “agrava” una situación ya “lamentable” y que refuerza un sistema de tutela masculina que vulnera la condición de las mujeres como titulares de derechos independientes. La organización también recogió la valoración de un abogado defensor en Afganistán que pidió anonimato, quien interpretó el decreto como un intento de legitimar y normalizar prácticas que limitan independencia, autonomía y dignidad humana de mujeres y niñas.

“Los talibanes han vuelto a demostrar que su planteamiento sobre las mujeres y sobre los niños y las niñas se basa en restringir libertades, socavar derechos fundamentales y reforzar estructuras patriarcales tradicionales. Estas normas reflejan un intento de legitimar y normalizar prácticas que limitan la independencia, la autonomía y la dignidad humana de las mujeres y las niñas”.
Abogado defensor en Afganistán (anónimo), citado por Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional actuar “de inmediato” mediante presión diplomática e interacción basada en principios con las autoridades talibanas de facto, para exigir la derogación de leyes y normas draconianas, el restablecimiento de un ordenamiento jurídico formal, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.

En el trasfondo, la organización recuerda que antes de agosto de 2021 existían marcos legales e institucionales —aunque imperfectos— que ofrecían algunas vías de protección: edad mínima legal para el matrimonio de niñas, criminalización del matrimonio con menores de 15 años y estructuras como tribunales de familia y unidades especializadas. Ese andamiaje fue anulado o desmontado, y el Decreto 18 se inserta en esa sustitución.

Impacto del Decreto 18
Voces citadas (quién dice qué)

• Amnistía Internacional (análisis jurídico): el Decreto 18 consolida reglas que mantienen matrimonios concertados en la infancia, debilitan el consentimiento y limitan vías para impugnar/disolver.
• Isabelle Lassee (directora regional adjunta para Asia Meridional, Amnistía Internacional): el código “despoja de toda autonomía en la práctica”, refuerza tutela masculina e “institucionaliza y normaliza el matrimonio infantil”.
• Najla Rahil (vocal de la Asociación Independiente de Abogados Defensores en el Exilio; fundadora de la Organización por la Identidad de las Mujeres): describe el decreto como “abiertamente misógino” y subraya obstáculos rigurosos para mujeres, incluso cuando el esposo está ausente o desaparecido.
• Abogado defensor en Afganistán (anónimo, citado por Amnistía Internacional): interpreta el decreto como un intento de legitimar y normalizar prácticas que restringen libertades y refuerzan estructuras patriarcales.

Reflexiones sobre el matrimonio infantil en Afganistán

Impacto en los derechos humanos

El Decreto 18 muestra cómo una norma sobre separación conyugal puede funcionar como un mecanismo de control social: define quién tiene voz, quién puede salir y bajo qué condiciones. Cuando el consentimiento se presume a partir del silencio, cuando la autoridad familiar puede concertar matrimonios de menores y cuando impugnar requiere filtros judiciales y esperar a la pubertad, el resultado es un marco que reduce la autonomía de mujeres y niñas en decisiones esenciales.

Desde una perspectiva de salud pública y justicia reproductiva, el matrimonio infantil no es sólo una práctica cultural: es una condición que incrementa vulnerabilidades y limita el acceso a protección y a decisiones libres, voluntarias e informadas sobre la vida personal y reproductiva. La desigualdad procesal —con salidas más simples para hombres— refuerza la idea de que la vida conyugal de las mujeres está sujeta a tutela y no a derechos.

El papel de la comunidad internacional

Amnistía Internacional plantea una ruta concreta: presión diplomática e interacción basada en principios para exigir la derogación de normas que institucionalizan el matrimonio infantil y forzado, además del restablecimiento del Estado de derecho y la protección efectiva de derechos humanos. En un país donde, según reportes citados por medios sobre informes de la ONU, se han emitido cientos de decretos desde 2021 —decenas dirigidos específicamente a mujeres y niñas—, la respuesta internacional enfrenta el reto de no normalizar el retroceso.

Para audiencias en México y América Latina, el caso afgano también funciona como recordatorio: los derechos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar dependen de marcos legales, instituciones que funcionen y acceso real a la justicia. Cuando esos pilares se desmontan, la autonomía corporal se vuelve una promesa sin mecanismos para sostenerla. Desde la misión de Tengo Un Retraso —“Hijos por elección, no por azar”—, el punto de fondo es universal: sin consentimiento y sin vías efectivas para decir “no” o para salir, no hay elección posible.

Nota editorial: el enfoque de este texto prioriza derechos humanos, salud pública y justicia reproductiva para leer cómo las normas sobre matrimonio y separación impactan la autonomía corporal y el acceso real a la justicia.

Este texto se basa en información públicamente disponible a la fecha de redacción, incluido un análisis jurídico de Amnistía Internacional sobre el Decreto 18 (14 de mayo de 2026) y citas de especialistas allí recogidas. Algunas cifras y tendencias de contexto pueden variar a medida que se publiquen nuevos datos o cuando no sea posible verificar información de forma independiente. La implementación y la práctica judicial pueden diferir entre regiones y cambiar con el tiempo.

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Fuentes consultadas

• Afganistán: El nuevo código que permite el matrimonio infantil agrava la situación lamentable de los derechos de las mujeres y las niñas – Amnistía Internacional — amnesty.org/es/latest/news/2026/06/afghanistan-new-code-enabling-child-marriage-compounds-dismal-situation-for-womens-and-girls-rights/
• San Antonio FC, 2026 — sanantoniofc.com/news/2026/06/04/toyota-field-to-host-liga-mx-femenil-campeon-de-campeonas-on-july-26/