Desigualdad y feminismo en la economía digital: retos 2026

Tabla de contenidos

• 1. Desafíos feministas ante la economía digital
• 2. Metodología del análisis sobre desigualdad y feminismo
• 3. Desafíos de los gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina
• 4. Concentración de la riqueza y su impacto en la desigualdad de género
• 5. Efectos de los recortes en servicios públicos sobre las mujeres
• 6. El rol de la economía digital en la desigualdad actual
• 7. Políticas fiscales feministas como herramienta de cambio
• 8. La importancia de la justicia fiscal en la lucha feminista
• 9. Movilización social y feminismo en contextos adversos
• 10. Derechas, desigualdad y economía digital: un análisis crítico
• 10.1 La intersección de derechos y desigualdad en la economía digital
• 10.2 Retos y oportunidades para el feminismo
• 11. Fuentes consultadas

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Desafíos feministas ante la economía digital

Costos y beneficios en disputa
Este panorama se construye desde un debate regional situado en 2026: el avance de gobiernos de derecha y ultraderecha en varios países coincide con una aceleración de la digitalización y con mayor poder de corporaciones tecnológicas. En ese cruce, temas que a veces se discuten por separado —impuestos, cuidados, regulación de datos, presupuestos públicos— aparecen conectados por una misma pregunta: quién concentra beneficios y quién absorbe costos en la vida cotidiana.

• La concentración de riqueza y el poder de corporaciones tecnológicas se consolidan como un eje de desigualdad que impacta de forma desproporcionada a mujeres y personas gestantes.
• Los recortes en servicios públicos —en especial salud y cuidados— trasladan costos al hogar y aumentan el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado.
• La “datificación de la vida” amplía asimetrías: datos y trabajo del Sur Global alimentan ganancias que no se redistribuyen proporcionalmente.
• La justicia fiscal y la regulación de la economía digital aparecen como herramientas estratégicas para sostener políticas de igualdad y democracia.

Metodología del análisis sobre desigualdad y feminismo

Este análisis se basa en los principales argumentos de economistas feministas, académicas y periodistas en el webinar “Justicia feminista en América Latina: poder económico y agendas de igualdad”, convocado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y otras organizaciones. El punto de partida es una lectura regional: la recomposición geopolítica y el avance de gobiernos de derecha y ultraderecha en varios países se cruza con un cambio estructural del capitalismo contemporáneo, marcado por la digitalización y el creciente poder de grandes corporaciones tecnológicas.

La metodología es cualitativa y de enfoque comparado, centrada en tres ejes que se retroalimentan: (1) concentración de riqueza y poder económico; (2) rol del Estado, políticas públicas y austeridad; (3) economía digital, “datificación de la vida” y desafíos de regulación. En cada eje se incorpora la perspectiva de la economía feminista para visibilizar dimensiones que suelen quedar fuera de indicadores tradicionales, como el trabajo de cuidados y la reproducción social.

Tres claves para interpretar políticas
Tres preguntas guían la lectura (y ayudan a ubicar cada argumento del webinar):

• Poder económico: ¿quién concentra riqueza y qué capacidad tiene para influir en reglas, agendas y presupuestos?
• Estado y austeridad: ¿qué se recorta, qué se desfinancia y a qué hogares/comunidades se les traslada el “costo”?
• Economía digital: ¿qué se convierte en datos, quién captura ese valor y qué vacíos regulatorios/fiscales lo permiten?

Criterio de interpretación: cuando una medida “ahorra” gasto público o “moderniza” la economía, se observa su efecto en tiempo, cuidados, acceso a servicios y autonomía material (no solo en ingresos).

También se recupera el trabajo de una red regional de organizaciones, investigadoras y activistas que analiza sistemas tributarios, desigualdad, deuda pública, presupuestos y evasión fiscal, y que promueve formación mediante un curso regional sobre política fiscal feminista. La premisa transversal es que la desigualdad no es solo un resultado económico: es una arquitectura institucional y política que puede reforzarse o corregirse con decisiones públicas.

Desafíos de los gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina

El avance de derechas radicales en América Latina aparece, en este diagnóstico, como un fenómeno con efectos directos sobre agendas de igualdad de género, derechos sociales y el papel del Estado. En el debate se señaló que estas fuerzas políticas suelen impulsar procesos de austeridad, concentración del poder económico, debilitamiento de instituciones públicas y desfinanciamiento de políticas y organizaciones feministas. A esto se suman discursos antifeministas y contrarios a la diversidad sexual, que buscan disputar el sentido común sobre qué es “lo público” y qué debe resolverse de manera individual.

Una idea clave es que el antifeminismo no opera aislado: forma parte de un proyecto político más amplio orientado a reducir el rol del Estado como garante de derechos y a fortalecer el poder de grandes corporaciones, especialmente tecnológicas y extractivas. En ese marco, el desafío no se limita a resistir retrocesos: implica construir propuestas capaces de ofrecer alternativas para el presente y el futuro, incluyendo debates sobre qué tipo de Estado, protección social y democracia se quieren sostener.

El análisis también advierte sobre una tensión frecuente: que haya mujeres o feministas en cargos públicos no garantiza capacidad real de transformación si las instituciones de género operan con presupuestos limitados. La disputa, entonces, no es solo simbólica; es material: financiamiento, institucionalidad y reglas que limiten el poder económico concentrado y distribuyan beneficios del desarrollo tecnológico.

Concentración de la riqueza y su impacto en la desigualdad de género

La concentración de la riqueza “en unas cuantas manos” fue descrita como uno de los grandes desafíos de la región, sobre todo cuando no existe vigilancia efectiva que obligue a fiscalizar esos recursos. En el webinar se subrayó que el amasamiento de grandes fortunas no puede explicarse como resultado de esfuerzo individual: se construye gracias a estructuras públicas y al sistema económico. Esta afirmación desplaza el foco desde narrativas de mérito hacia preguntas por reglas, instituciones y políticas que habilitan acumulación.

Desde una perspectiva feminista, la concentración de riqueza no es neutra: se traduce en desigualdades de género porque condiciona el acceso a derechos, servicios y tiempo. Cuando el poder económico se concentra, también se concentra la capacidad de influir en agendas públicas, marcos regulatorios y prioridades presupuestales. En paralelo, la desigualdad se expresa en el mercado laboral y fuera de él: las mujeres sostienen trabajo remunerado, pero también tareas de cuidado y trabajo comunitario no remunerado, que rara vez se contabilizan como parte del “valor” económico.

El debate incorporó otra contradicción: el aumento de la productividad no necesariamente reduce jornadas laborales ni desigualdades. Para mujeres y personas gestantes, esa tensión se agrava porque la carga total de trabajo incluye lo doméstico y comunitario, especialmente cuando el Estado se retrae. En ese sentido, la concentración de riqueza no solo amplía brechas de ingreso: reorganiza quién paga los costos de sostener la vida cotidiana.

Claves sobre desigualdad estructural
Hallazgos clave que se repiten en el diagnóstico del webinar:

• La concentración de riqueza “en unas cuantas manos” se vuelve más dañina cuando “no existe vigilancia efectiva que obligue a fiscalizar esos recursos”.
• El “amasamiento de grandes fortunas” no se explicó como mérito individual, sino como resultado de “estructuras públicas y del sistema económico”.
• La desigualdad de género no se mide solo en ingresos: se expresa en acceso a servicios y, sobre todo, en tiempo disponible cuando el cuidado se intensifica.
• La productividad puede aumentar sin que bajen las jornadas: esa contradicción se vuelve más pesada cuando se suma trabajo doméstico y comunitario no remunerado.

Efectos de los recortes en servicios públicos sobre las mujeres

Los recortes en servicios públicos —en particular en salud y cuidados— fueron señalados como un mecanismo que afecta a las mujeres. La razón es estructural: cuando el Estado reduce su participación, el trabajo necesario para sostener la vida no desaparece; se traslada. Y esto suele recaer en quienes ya realizan la mayor parte del cuidado, tanto en su forma remunerada como no remunerada.

En la práctica, el desfinanciamiento de políticas públicas implica más tiempo y carga para los hogares y las comunidades. Si se recortan servicios de salud, aumentan acompañamiento, traslados, gestiones y cuidados en casa. Si se recortan sistemas de cuidado, se intensifica la organización en hogares y comunidades para cubrir lo que antes era una responsabilidad pública. Este proceso profundiza desigualdades porque el tiempo es un recurso: quien cuida más, tiene menos margen para estudiar, trabajar con mejores condiciones o participar en espacios de decisión.

En el debate regional, estos recortes se vincularon con procesos de austeridad promovidos por derechas radicales y con el debilitamiento institucional. La economía feminista aporta aquí una lectura central: el “ahorro” fiscal puede convertirse en un costo social oculto, distribuido de manera desigual. Por eso, discutir presupuestos y política fiscal no es un tema técnico aislado: es una discusión sobre derechos, bienestar y democracia, con impactos concretos en la vida de mujeres y personas gestantes.

Del recorte al cuidado doméstico
Cómo opera el mecanismo “recorte → traslado al hogar” (con checkpoints para reconocerlo):
1) Recorte o desfinanciamiento: baja el presupuesto o se reduce cobertura en salud/cuidados.

• Checkpoint: menos turnos, menos personal, menos horarios, más requisitos.

2) Traslado de tareas: lo que no cubre el servicio público se resuelve en casa/comunidad.

• Checkpoint: más traslados, más trámites, más acompañamiento, más cuidado directo.

3) Intensificación del cuidado (remunerado y no remunerado): aumenta la carga sobre quienes cuidan.

• Checkpoint: más horas “invisibles”, más agotamiento, más endeudamiento por gastos asociados.

4) Efecto en autonomía: menos tiempo para empleo de calidad, estudio, descanso y participación pública.

• Checkpoint: renuncias, reducción de jornada, informalidad, aislamiento de redes.

El rol de la economía digital en la desigualdad actual

La economía digital fue presentada como un nuevo campo de disputa que concentra poder económico y facilita la evasión fiscal de grandes empresas tecnológicas. En el centro del diagnóstico aparece la idea de la “datificación de la vida”, planteada en el webinar por la economista Sofía Scasserra: actividades cotidianas, relaciones sociales, territorios, gustos y comportamientos se convierten en datos que pueden extraerse, comercializarse y usarse para generar ganancias. Este proceso amplía desigualdades porque permite que corporaciones tecnológicas organicen cada vez más aspectos de la vida social.

Una precisión relevante del debate: el problema no son las plataformas en sí, sino el enorme poder acumulado por grandes corporaciones tecnológicas. Ese poder se explicó como resultado de una desigualdad histórica basada en apropiación del conocimiento y creación de monopolios tecnológicos, más que en innovación o mérito individual. La consecuencia es una arquitectura económica donde la captura de valor se concentra y la capacidad regulatoria de los Estados queda rezagada.

También se subrayó una dimensión geopolítica: los países del Sur Global aportan datos, conocimiento y trabajo a la economía digital sin recibir beneficios proporcionales. A esto se suma la necesidad de respuestas internacionales: las corporaciones operan más allá de fronteras, por lo que la regulación y la justicia fiscal requieren cooperación y debates globales, con participación activa del Sur Global desde una perspectiva feminista.

Tensiones clave de la digitalización
Tensiones que el debate deja sobre la mesa (no para “rechazar” tecnología, sino para decidir reglas):

• Innovación vs monopolios: la digitalización puede abrir oportunidades, pero la creación de monopolios tecnológicos concentra captura de valor y poder de agenda.
• Productividad vs jornadas largas: puede aumentar la productividad sin mejorar el tiempo de vida; si además hay cuidados no remunerados, la carga total se dispara.
• Datos como recurso vs redistribución: la “datificación de la vida” genera ganancias; si los datos quedan “prácticamente exentos de impuestos”, la redistribución se vuelve cuesta arriba.
• Regulación nacional vs operación transnacional: los Estados regulan en fronteras; las corporaciones operan más allá de ellas, empujando la necesidad de cooperación internacional.
• Beneficio privado vs bienestar colectivo: la propuesta discutida no es anti-tecnología; cuestiona un modelo que prioriza beneficios privados por encima del bienestar colectivo.

Políticas fiscales feministas como herramienta de cambio

En el diagnóstico regional, la política fiscal aparece como una herramienta fundamental para reducir desigualdades y sostener políticas públicas. La propuesta no se limita a “recaudar más”, sino a recaudar mejor: avanzar hacia sistemas tributarios más progresivos, donde los sectores de mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más. La finalidad es concreta: financiar políticas de igualdad, fortalecer instituciones públicas y garantizar derechos.

La discusión sobre fiscalidad se conecta con un punto político: abandonar al Estado implica dejarlo en manos de intereses económicos concentrados. Por eso, se planteó la necesidad de disputar espacios institucionales y participar en política, no solo para defender derechos ya conquistados, sino para construir una agenda que transforme condiciones materiales. En ese marco, la institucionalización no se entiende como burocracia, sino como capacidad real de sostener políticas con presupuesto, reglas y continuidad.

En el terreno digital, se propuso avanzar hacia una “fiscalidad de los datos”. La idea parte de un hecho: los datos han permanecido prácticamente exentos de impuestos debido a regulaciones internacionales. En ese contexto, se destacó una oportunidad: la eliminación —impulsada por Brasil— de una norma de la Organización Mundial del Comercio que impedía gravar las transmisiones electrónicas abre un espacio para debatir nuevas formas de regulación y tributación de la economía digital.

El horizonte de estas políticas fiscales feministas es redistributivo y democrático: limitar el extractivismo digital, reducir evasión y orientar el desarrollo tecnológico hacia bienestar colectivo, sin plantear un rechazo a la tecnología.

Política fiscal con enfoque feminista
Medidas que suelen agruparse bajo “política fiscal feminista” (para discutirlas en concreto):

• Progresividad tributaria: que los sectores de mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más.
• Presupuesto con enfoque de cuidados: financiar servicios de cuidado y salud para evitar el traslado de costos al hogar.
• Capacidad estatal real: fortalecer instituciones públicas para fiscalizar, regular y sostener políticas con continuidad.
• Combate a evasión y elusión: cerrar brechas que permiten que grandes actores concentren beneficios sin aportar proporcionalmente.
• Fiscalidad de los datos: abrir el debate sobre cómo gravar valor generado por extracción/uso masivo de datos.
• Cooperación internacional: coordinar reglas para un sector que opera más allá de fronteras nacionales.

La importancia de la justicia fiscal en la lucha feminista

Impuestos, cuidados y vida cotidiana
La justicia fiscal se vuelve tangible cuando se traduce a escenas cotidianas: una guardería que no existe, una clínica sin personal, una jornada que no deja tiempo para descansar, o un trámite que obliga a “resolver en casa”. En ese sentido, hablar de impuestos y presupuestos no es un debate lejano: es discutir qué se financia colectivamente y qué se empuja —sin decirlo— hacia el trabajo gratuito o mal pagado de las mujeres.

La justicia fiscal fue defendida como herramienta estratégica para fortalecer la democracia y sostener políticas públicas. En el debate, se insistió en que no basta con reducir desigualdad de ingresos: también es necesario regular el uso de datos y limitar el extractivismo digital, porque la acumulación masiva de datos tiene impactos sociales y ambientales. La justicia fiscal se amplía: no solo pregunta “quién paga impuestos”, sino “qué se grava, qué se deja fuera y quién se beneficia”.

Un punto central es cultural y político: los movimientos feministas deben incorporar la discusión fiscal e institucional en sus agendas, promoviendo conciencia sobre cómo la recaudación pública puede mejorar condiciones de vida de la mayoría. Esto implica traducir debates técnicos —tributación, evasión, presupuestos, deuda pública— a preguntas cotidianas: ¿qué servicios existen?, ¿quién los financia?, ¿qué pasa cuando se recortan?, ¿quién absorbe el costo?

La economía feminista aporta una clave para esa traducción: al visibilizar el trabajo de cuidados y la reproducción de la vida, muestra que la desigualdad se sostiene en arreglos que suelen presentarse como “naturales” o “privados”. La justicia fiscal ayuda a revertir esa invisibilización: si el cuidado sostiene la economía, entonces su financiamiento y su organización deben ser parte de la política pública.

En el contexto de la economía digital, la justicia fiscal también se vuelve una disputa por soberanía y redistribución: si el Sur Global aporta datos y trabajo, la tributación más justa es una vía para redistribuir la riqueza generada por ese sector.

Movilización social y feminismo en contextos adversos

Pese al retroceso de políticas públicas de género en varios países, el feminismo fue descrito como un actor político activo, capaz de generar organización, pensamiento crítico y propuestas incluso en contextos adversos. En Brasil, se ofrecieron dos ejemplos de cómo la movilización puede alterar correlaciones de fuerza: frenar un proyecto de ley que buscaba restringir aún más el acceso al aborto legal y empujar una campaña para eliminar la jornada laboral 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso).

El caso de la jornada 6×1 se narró como una dinámica de politización desde lo cotidiano: el descontento de un trabajador que difundió en redes sociales su cansancio por largas jornadas detonó una campaña impulsada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), junto con sindicatos y movimientos sociales. Aunque inicialmente parecía inviable por la correlación de fuerzas en el Congreso —con una izquierda minoritaria—, la campaña reunió más de un millón y medio de firmas y logró amplio respaldo ciudadano.

La explicación del éxito se centró en la comunicación: mensajes sencillos y cercanos sobre cómo reducir la jornada mejora la calidad de vida, el descanso, la vida familiar, el ocio y la salud mental. Ese enfoque conectó especialmente con experiencias de mujeres y de la clase trabajadora, y obligó incluso a sectores conservadores a modificar su posición.

Estos ejemplos sostienen una tesis: las transformaciones requieren alianzas amplias y demandas vinculadas a condiciones materiales de vida. La disputa cultural importa, pero se vuelve más potente cuando se ancla en necesidades concretas.

Ruta replicable de movilización social
Un “cómo” replicable de movilización (a partir de los ejemplos narrados en Brasil):
1) Punto de partida cotidiano: identificar una experiencia masiva (cansancio por jornadas, barreras de acceso a derechos).
2) Mensaje simple: explicar el beneficio en términos de vida diaria (descanso, familia, salud mental, tiempo).
3) Alianzas amplias: articular partido/movimientos/sindicatos/redes comunitarias sin diluir la demanda.
4) Prueba social: reunir apoyos visibles (firmas, pronunciamientos, acciones públicas) para mostrar mayoría posible.
5) Disputa de opinión pública: sostener la conversación para obligar a actores conservadores a responder.
6) Persistencia institucional: llevar la demanda a espacios formales sin abandonar la presión social.

Derechas, desigualdad y economía digital: un análisis crítico

La intersección de derechos y desigualdad en la economía digital

El panorama 2026 que describen las especialistas cruza tres procesos: avance de derechas radicales, concentración de riqueza y expansión de la economía digital. En esa intersección, el rol del Estado se vuelve decisivo: puede retraerse y trasladar costos a los hogares —especialmente a mujeres— o puede regular, recaudar y financiar políticas que sostengan derechos.

La economía digital agrega complejidad porque el poder corporativo opera transnacionalmente y porque la “datificación de la vida” convierte experiencias cotidianas en materia prima de acumulación. Si ese valor no se grava y no se redistribuye, la digitalización puede reforzar desigualdades históricas. Por eso, la discusión sobre fiscalidad de datos y sobre regulación internacional no es un tema periférico: es parte del debate sobre democracia, bienestar y justicia.

En clave feminista, el punto de fondo es que la desigualdad no se agota en ingresos: se expresa en tiempo, cuidados, acceso a servicios y capacidad de decidir sobre la propia vida. Cuando se recortan servicios públicos o se desfinancian políticas de igualdad, se estrecha el margen real de autonomía, incluso si los derechos existen en el papel.

Retos y oportunidades para el feminismo

El reto inmediato es doble: resistir retrocesos en derechos y, al mismo tiempo, construir propuestas para el futuro. En el debate se insistió en que no alcanza con enfrentar el backlash; hace falta discutir qué tipo de Estado, protección social y democracia se quiere construir, y qué mecanismos pueden limitar el poder de actores económicos concentrados.

La oportunidad está en la capacidad histórica del feminismo para convertir problemas “privados” en asuntos públicos: cuidados, desigualdad económica, violencia. Esa politización puede ampliarse hacia la justicia fiscal y la economía digital, conectando debates técnicos con experiencias cotidianas: jornadas largas, endeudamiento, precariedad, falta de servicios, frustración alimentada por modelos de consumo inalcanzables difundidos en redes.

También se planteó una ruta de acción: fortalecer formación política, disputar espacios institucionales y construir alianzas amplias. La movilización social en Brasil mostró que incluso con correlaciones adversas se pueden frenar restricciones y empujar demandas si la comunicación es clara y si las propuestas se vinculan con condiciones materiales de vida.

El hilo conductor es la justicia reproductiva: sin instituciones públicas fuertes, sin presupuestos y sin regulación de poderes concentrados —incluido el digital—, la autonomía corporal y la igualdad quedan expuestas a ciclos de austeridad, desinformación y desigualdad que se viven, primero, en el cuerpo y en el tiempo de mujeres y personas gestantes.

Justicia fiscal y cuidados sostenibles
Mapa síntesis (3 procesos → 1 resultado):

• Derechas y austeridad: recortes + desfinanciamiento + debilitamiento institucional.
• Poder económico concentrado: influencia en reglas, agendas y prioridades presupuestales.
• Economía digital: “datificación de la vida” + monopolios + vacíos fiscales/regulatorios transnacionales.

Resultado observado desde economía feminista:
Más costos trasladados al hogar (tiempo y cuidados), menos autonomía material y más dificultad para sostener derechos en la práctica.
Punto de palanca:
Justicia fiscal (progresividad + capacidad estatal + fiscalidad de datos + cooperación internacional) para redistribuir beneficios y financiar cuidados, salud y políticas de igualdad.

Este texto reúne y ordena información disponible públicamente a la fecha de redacción para facilitar su lectura. Los debates sobre fiscalidad digital y regulación internacional pueden variar con nuevas decisiones multilaterales y reformas nacionales. Se ofrece un mapa de tensiones y opciones, sin pretender agotar el tema, y podría requerir actualizaciones si surgen cambios relevantes.

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Fuentes consultadas

• Derechas, desigualdad y economía digital: los desafíos para feministas de la región — cimacnoticias.com.mx/2026/06/30/derechas-desigualdad-y-economia-digital-los-desafios-para-feministas-de-la-region/
• depfe.unam.mx/actividades/
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