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Agresiones a jóvenes y periodistas durante el Mundial 2026

Agresiones a jóvenes y periodistas durante el Mundial 2026

Tabla de contenidos


Resumen

  • Un observatorio de organizaciones civiles registró al menos 39 eventos vinculados a violaciones de derechos humanos; 36 ocurrieron en Ciudad de México.
  • Un mismo hecho puede implicar varias afectaciones: se contabilizaron 66 afectaciones en total.
  • Las víctimas más frecuentes: personas manifestantes (sobre todo jóvenes y estudiantes), defensoras, familias buscadoras y periodistas.
  • Se señalan como responsables a corporaciones policiales, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.

Afectaciones documentadas hasta junio 2026

  • Corte de información: las cifras citadas corresponden a lo reportado por la Red TDT mediante el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos hasta el 24 de junio de 2026.
  • Magnitud documentada: 39 eventos y 66 afectaciones (un mismo hecho puede sumar varias violaciones).
  • Concentración geográfica: 36 de 39 eventos ocurrieron en Ciudad de México; el resto en Puebla, Toluca y Monterrey.
  • Perfiles más afectados: jóvenes/estudiantes, personas defensoras, familias buscadoras y periodistas que documentaban en el espacio público.

Violaciones a derechos humanos durante el Mundial 2026

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó, a través del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, que se documentaron eventos con impactos directos en derechos fundamentales. El registro no se limita a incidentes aislados: se describe un patrón asociado a medidas de seguridad, control y gestión del espacio público implementadas en el contexto del megaevento.

Diferencia entre evento y afectación

  • En el lenguaje del Observatorio, “evento” es el hecho documentado (por ejemplo, un operativo o intervención) y “afectación” es cada derecho vulnerado dentro de ese hecho.
  • Por eso, un solo evento puede sumar varias afectaciones (p. ej., detención arbitraria + despojo de pertenencias + uso excesivo de la fuerza).
  • Esta distinción ayuda a leer el fenómeno como patrón: no solo “cuántos incidentes”, sino qué combinación de prácticas se repite cuando se intensifican medidas de control del espacio público.

Eventos registrados y su distribución geográfica

El Observatorio reportó al menos 39 eventos relacionados con violaciones a derechos humanos. La concentración principal se ubicó en Ciudad de México (36), con el resto en Puebla, Toluca y Monterrey. Además, el acumulado llegó a 66 afectaciones, ya que un solo evento puede incluir múltiples violaciones.

En este registro, “eventos” se refiere a hechos documentados y “afectaciones” al número de violaciones o impactos a derechos identificados dentro de esos hechos, por lo que una misma intervención u operativo puede sumar más de una afectación.

Principales víctimas de las agresiones

Entre las personas afectadas se identificó a manifestantes, particularmente jóvenes y estudiantes, así como a integrantes del movimiento magisterial. También aparecen personas defensoras de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas que realizaban documentación. En el caso del periodismo, se reportaron obstáculos para ejercer su labor en el espacio público.

Tipos de agresiones documentadas

Los hallazgos del Observatorio Mundialista describen un repertorio de prácticas que van desde restricciones al derecho a la protesta hasta violencia física y sexual durante detenciones, según lo documentado por la Red TDT a través del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. La lista incluye acciones que afectan tanto la integridad personal como el derecho a informar y a ser informado, especialmente cuando se obstaculiza la documentación de operativos y manifestaciones.

Tipo de agresión/violación documentada Cómo se manifiesta (según el registro) Derechos impactados (ejemplos)
Encapsulamientos Cercos policiales que impiden salir o replegarse Reunión, manifestación, libre tránsito, integridad personal
Despojo de pertenencias personales y de trabajo Retiro/daño de objetos y equipo (incluido material de documentación) Propiedad, libertad de expresión, derecho a la información
Detenciones arbitrarias Privación de la libertad sin justificación suficiente Libertad personal, debido proceso
Uso excesivo de la fuerza Fuerza desproporcionada en operativos Integridad personal, protesta pacífica
Uso de balas de goma y artefactos explosivos Disparo/uso contra manifestantes Integridad personal, reunión
Golpes y posibles actos de tortura o tratos crueles Agresiones físicas y tratos degradantes durante detención/traslado Integridad, prohibición de tortura
Amenazas (incluidas las referidas como relativas a crímenes de lesa humanidad) Intimidación verbal o coerción Seguridad personal, libertad de expresión
Violencia sexual contra mujeres detenidas Agresiones sexuales durante detención Integridad, no discriminación, vida libre de violencia
Obstáculos al trabajo periodístico Agresiones, detenciones y trabas mientras documentaban Libertad de prensa, derecho a la información

Represión a la protesta social

Entre las violaciones registradas se mencionan actos de represión a la protesta social y operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre derechos. Se documentaron encapsulamientos (cercos policiales), uso excesivo de la fuerza, y el empleo de balas de goma y artefactos explosivos disparados o utilizados contra manifestantes. También se reportaron golpes y posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Abuso de autoridad y detenciones arbitrarias

El Observatorio incluyó abuso de autoridad, revisiones injustificadas y detenciones arbitrarias. En varios casos se reportó despojo de pertenencias personales y de trabajo, lo que impacta de forma particular a periodistas y personas defensoras que dependen de equipo para documentar. También se registraron amenazas —incluidas amenazas referidas como relativas a cometer crímenes de lesa humanidad— y actos de violencia sexual contra mujeres detenidas, un componente que agrava el riesgo y la revictimización.

Responsables de las violaciones

La documentación apunta a responsabilidades estatales, tanto por acción directa como por omisión. El señalamiento central recae en posibles corporaciones policiales que operan en distintos niveles, en un contexto donde la seguridad del evento se traduce en despliegues extraordinarios y control del espacio público.

Niveles de responsabilidad institucional
Para evitar confusiones al hablar de “responsables”, ayuda distinguir tres niveles (que pueden coexistir en un mismo caso):
1) Responsabilidad directa (ejecución): quien realiza la acción (p. ej., detiene, golpea, despoja, amenaza).
2) Responsabilidad por mando/operativa (cadena de decisión): quien diseña, ordena o coordina el operativo y sus reglas de actuación (p. ej., instrucciones sobre encapsular, revisar, dispersar).
3) Responsabilidad por omisión (deber de proteger e investigar): cuando no se previene el abuso, no se protege a víctimas (periodistas/defensoras), o no se investiga y sanciona lo ocurrido.

Agentes estatales implicados

Entre los posibles responsables se menciona a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones policiales estatales y municipales. El Observatorio ubica estas actuaciones dentro de operativos y medidas de control asociadas al Mundial, que —según lo documentado— derivaron en restricciones y agresiones contra quienes ejercían derechos de reunión, manifestación y documentación.

Narrativas oficiales y criminalización de la protesta

La Red TDT advirtió que las violaciones no ocurren de manera aislada: se acompañan de actos y narrativas oficiales orientadas a la criminalización de la pobreza, la protesta y la defensa de derechos humanos, así como de despliegues extraordinarios de seguridad. Expresó preocupación porque estas narrativas se hayan reproducido desde altos niveles del poder público, incluyendo expresiones de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República. Cuando se presenta la demanda social como amenaza al orden público, se generan condiciones que favorecen discriminación y represión, y se agravan omisiones de origen.

Impacto en la libertad de expresión y derechos fundamentales

La Red TDT enmarcó lo documentado como un proceso de securitización del espacio público: cuando una autoridad designa una “amenaza” y justifica respuestas de emergencia, el resultado puede ser la subordinación de derechos a lógicas de control. En este caso, el impacto se observa en libertades básicas: reunión, manifestación, expresión, participación política, libre tránsito y defensa de derechos humanos.

Seguridad y espacio cívico
En megaeventos, suele aparecer un intercambio implícito que conviene hacer explícito:

  • “Seguridad/orden” y “buena imagen” pueden empujar a operativos más intensos, controles del espacio público y tolerancia baja a la protesta.
  • El costo puede recaer en el espacio cívico: menos posibilidad real de manifestarse, documentar abusos o informar sin interferencias.
  • El riesgo aumenta cuando la protesta se narra como “amenaza”: se normalizan prácticas como encapsular, revisar sin justificación o detener, y se vuelve más difícil exigir rendición de cuentas.

Consecuencias para periodistas y defensoras

Para periodistas, el impacto es directo: se reportaron agresiones y detenciones mientras realizaban documentación. Esto no solo afecta a personas individuales, sino al derecho colectivo a la información. En el caso de defensoras, el Observatorio detectó reacciones de hostilidad y descalificación, en ocasiones atravesadas por violencia de género, que limitan su capacidad de acompañar protestas, registrar abusos y exigir rendición de cuentas.

Efectos en la sociedad civil

La criminalización discursiva tiene efectos expansivos. La Red TDT subrayó la gravedad para familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que históricamente enfrentan revictimización, estigmatización y falta de protección: los discursos de criminalización incrementan riesgos y debilitan el ejercicio del derecho a la verdad, la búsqueda, la justicia y la participación. También se advirtió un riesgo particular para poblaciones callejeras y personas migrantes, ante prácticas de “recuperación” del espacio público que pueden traducirse en desplazamiento, retiro de pertenencias, desalojos y “limpieza social”.

Recomendaciones para la protección de derechos humanos

Lo documentado funciona como una alerta temprana: un megaevento deportivo puede profundizar exclusiones si las políticas de seguridad se colocan por encima de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de derechos. Desde un enfoque de derechos humanos, las medidas deben orientarse a prevenir abusos, asegurar rendición de cuentas y proteger a quienes documentan y defienden derechos en el espacio público.

Protocolos de actuación en operativos
Acciones prácticas (antes / durante / después de operativos)
Antes

  • Definir reglas claras de actuación: cuándo se puede revisar, detener o usar fuerza, y cómo se documenta cada decisión.
  • Identificar puntos de contacto para prensa y observación (quién responde en campo ante incidentes).
  • Asegurar que el personal conozca prohibiciones y riesgos: violencia sexual, tratos degradantes, despojo de equipo.

Durante

  • Evitar encapsulamientos que impidan salida segura; si ocurren, registrar motivo, duración y condiciones.
  • Si hay detenciones, registrar hora, lugar, motivo y autoridad actuante; permitir identificación y comunicación.
  • No obstaculizar la documentación: no confiscar ni dañar equipo; no impedir registro salvo razones estrictamente necesarias y verificables.

Después

  • Activar rutas de queja e investigación con trazabilidad (folios, responsables, tiempos de respuesta).
  • Preservar evidencia (bitácoras, videos institucionales, reportes médicos) y proteger a víctimas y testigos.
  • Revisar el operativo: qué falló, qué se repitió, y qué se corrige para evitar nuevas afectaciones.

Revisión de políticas de seguridad

La primera recomendación es revisar operativos y protocolos asociados al Mundial para evitar que el control del espacio público derive en restricciones indebidas. Esto implica prevenir uso excesivo de la fuerza, revisiones injustificadas, encapsulamientos y detenciones arbitrarias, así como garantizar que cualquier actuación policial se apegue a obligaciones de respeto a la protesta pacífica, la integridad personal y el libre tránsito.

Fortalecimiento de mecanismos de monitoreo

También es clave fortalecer el monitoreo independiente y las rutas de denuncia y documentación, incluyendo condiciones para que periodistas y personas defensoras realicen su labor sin obstáculos ni despojo de equipo. El registro del Observatorio muestra que documentar es una forma de protección: permite identificar patrones, visibilizar afectaciones múltiples en un mismo evento y activar exigencias de investigación y sanción cuando hay agresiones, amenazas o violencia sexual durante detenciones.

Reflexiones finales sobre la situación de derechos humanos en el contexto del Mundial 2026

La evidencia reunida por organizaciones civiles apunta a un dilema recurrente en los megaeventos: la promesa de orden y “buena imagen” puede convertirse en un marco que normaliza controles extraordinarios. Cuando eso ocurre, quienes ejercen derechos —protestar, buscar a personas desaparecidas, defender derechos, informar— quedan expuestos a prácticas que restringen libertades y dañan la vida pública.

La importancia de la protección de los derechos humanos

La protección de derechos no es un componente accesorio de la organización del Mundial: es una obligación estatal. Lo documentado —detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, despojo de pertenencias, violencia sexual y obstáculos al periodismo— muestra por qué los enfoques de seguridad deben subordinarse a estándares de derechos humanos, no al revés. La alerta temprana es clara: sin correcciones, el costo lo pagan quienes ya enfrentan mayores riesgos.

El papel de la sociedad civil en la defensa de derechos

El trabajo de observatorios y redes como la Red TDT evidencia el papel de la sociedad civil: documentar, nombrar patrones y exigir garantías. En contextos de securitización del espacio público, esa tarea también se vuelve un mecanismo de prevención, porque reduce la opacidad y sostiene el derecho a la información. Desde la perspectiva de Tengo Un Retraso, defender libertades como la expresión y la protesta es parte del mismo horizonte de derechos: sin espacio cívico, también se debilita el acceso real a otros derechos, incluida la salud y la autonomía corporal.

Este texto refleja información públicamente disponible al momento de su redacción, citada por organizaciones civiles y medios periodísticos en un mismo periodo. Las cifras y conclusiones pueden cambiar conforme se documenten nuevos hechos y se actualicen los datos. Algunos detalles operativos pueden variar según la ciudad y la corporación participante.


Fuentes consultadas

  • Registran agresiones contra jóvenes, defensoras y periodistas, en Mundial. Policías, los atacantes — cimacnoticias.com.mx/2026/06/24/registran-agresiones-contra-jovenes-defensoras-y-periodistas-en-mundial-policias-los-atacantes/
  • facebook.com/CooperAccionPeru/posts/la-violencia-hacia-las-y-los-defensores-es-sistem%C3%A1tica-y-estructural-hoy-am%C3%A9rica/1475853991250612/
  • instagram.com/p/DZuwsflFHLP/