Acceso al aborto en prisión en la Ciudad de México (2026)

Tabla de contenidos


Acceso al aborto en prisión es prácticamente inexistente

  • En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local reportó cero registros de ILE dentro de centros penitenciarios entre el 1 de mayo de 2007 y el 31 de agosto de 2026, según una respuesta a solicitud de información citada por Grupo Animal (7 de octubre de 2026).
  • A nivel federal, la Secretaría de Salud reconoció que sus subsistemas no permiten identificar ILE realizadas específicamente dentro de centros penitenciarios, de acuerdo con Grupo Animal (2026).
  • Un protocolo institucional del Hospital General Torre Médica Tepepan ordena canalizar “sin demora” y sin requisitos administrativos adicionales que retrasen el servicio, según el documento obtenido vía transparencia y citado por Grupo Animal (2026).
  • La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 reportó 261 abortos (CDMX y Edomex) y que 3 de cada 10 mujeres embarazadas en prisión dijeron haber tenido un aborto en el último año, según Grupo Animal (2026).

Nota de alcance: Este artículo se basa en lo documentado por Grupo Animal (7 de octubre de 2026), incluyendo respuestas a solicitudes de información pública, un protocolo institucional obtenido vía transparencia y testimonios recabados en reclusorios.

Situación del acceso al aborto en reclusorios

En la Ciudad de México, donde la interrupción legal del embarazo (ILE) existe como servicio de salud hasta las 12 semanas desde 2007, el acceso dentro de los reclusorios aparece como una zona ciega. La Secretaría de Salud capitalina aseguró que, tras una “búsqueda exhaustiva, razonable y localizada” en sus subsistemas de información, el resultado fue cero registros de ILE realizadas dentro de centros penitenciarios entre el 1 de mayo de 2007 y el 31 de agosto de 2026, según la respuesta a una solicitud de información pública citada por Grupo Animal (7 de octubre de 2026).

Ese “cero” indica que el servicio no se practica intramuros y que el acceso depende de rutas de referencia y traslados.

Qué significa “cero registros” en este contexto: De acuerdo con lo reportado por Grupo Animal, el dato se refiere a ILE realizadas dentro de centros penitenciarios; no permite conocer, con la información disponible, si hubo solicitudes, referencias o atenciones fuera del reclusorio mediante traslados a unidades de salud externas. Grupo Animal documentó que, en Santa Martha Acatitla, la unidad médica interna “únicamente” recibe la solicitud y, si el embarazo tiene menos de 12 semanas, se hace la referencia “de manera inmediata” a hospitales materno-infantiles fuera del centro.

A nivel federal, la Secretaría de Salud afirmó que no cuenta con el nivel de desagregación para identificar procedimientos de ILE realizados específicamente dentro de un centro penitenciario, ni para vincular una defunción con un procedimiento de ILE en ese contexto, de acuerdo con Grupo Animal (2026).

Esta limitación de registro —tal como la describió la propia autoridad sanitaria— impide dimensionar con precisión cuántas atenciones se realizan en población penitenciaria y en qué condiciones.

En respuesta a una solicitud de información pública, autoridades de salud entregaron una copia del protocolo institucional para la atención de la interrupción legal y voluntaria del embarazo del Hospital General Torre Médica Tepepan, ubicado dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, según Grupo Animal (2026).

El documento establece: “Toda mujer privada de la libertad que manifieste deseo de interrumpir su embarazo deberá ser canalizada sin demora al área médica correspondiente”. Ordena registrar la solicitud en el expediente clínico y subraya que no deben establecerse requisitos administrativos adicionales que retrasen el servicio, de acuerdo con el protocolo citado por Grupo Animal.

El protocolo contempla dos rutas: Ruta A, atención resolutiva en el propio Hospital General Torre Médica Tepepan; y Ruta B, referencia a otra unidad cuando la edad gestacional excede la capacidad resolutiva, hay comorbilidades, inestabilidad hemodinámica, sepsis, se requiere intervención quirúrgica o no se cuenta con personal o equipamiento suficiente, según Grupo Animal (2026).

Barreras en el proceso de solicitud de aborto

La barrera más repetida en los testimonios recabados por Grupo Animal no es una negativa explícita, sino la burocracia que consume semanas. Mujeres privadas de la libertad en reclusorios de la Ciudad de México dijeron que una deficiencia en el acceso es la exigencia de ingresar un oficio, que puede tardar semanas en definirse; ese retraso puede hacer que se venza el plazo legal de 12 semanas, según Grupo Animal (2026).

Esa exigencia contrasta con el protocolo de Tepepan, que ordena no imponer requisitos administrativos adicionales que retrasen injustificadamente el servicio, según el documento citado por Grupo Animal. La distancia entre norma interna y experiencia cotidiana muestra cómo el acceso real depende de intermediaciones: personal médico, trabajo social, custodias, autorizaciones y logística de traslado.

Otra barrera es la falta de información y la dificultad para que organizaciones externas entren a informar o acompañar. Un colectivo de acompañantes que trabajó en un centro penitenciario en Hidalgo describió un entorno “hermético” y de estricta supervisión institucional sobre lo que pueden difundir, según Grupo Animal (2026).

Estadísticas sobre abortos en mujeres privadas de la libertad

Los datos disponibles son parciales y no permiten distinguir entre aborto espontáneo o inducido.

En particular, como reportó Grupo Animal, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 no permite conocer si los abortos reportados fueron espontáneos o voluntarios, ni el tipo de atención recibida en los centros penitenciarios. Aun así, ofrecen una señal de magnitud. Grupo Animal reportó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 reveló que 3 de cada 10 mujeres que estuvieron embarazadas en prisión reportaron haber tenido un aborto en el último año, con el grupo de 40 a 49 años en la primera posición.

En números absolutos, la misma encuesta registró 261 abortos que incluían registros en la Ciudad de México y el Estado de México, según Grupo Animal (2026). Desde entonces no fue posible conocer si esos abortos fueron espontáneos o voluntarios, ni qué tipo de atención recibieron del personal de salud de los centros penitenciarios, de acuerdo con el mismo reportaje.

La coexistencia de ambos hechos —abortos reportados en una encuesta y cero ILE registradas intramuros— sugiere un problema de trazabilidad.

Impacto del estigma y prejuicios en la decisión de abortar

El estigma no solo opera como juicio social: en prisión puede convertirse en silencio y renuncia anticipada a pedir un servicio. Un colectivo de acompañantes que trabajó en un centro penitenciario en Hidalgo encontró que pocas mujeres decidían recurrir al aborto, en buena medida por la persistencia de prejuicios y estigmas, y porque “el tiempo pasa muy distinto adentro”, según Grupo Animal (2026).

La colectiva relató que su acercamiento formal al tema ocurrió tras una solicitud del área de trabajo social del centro para replicar un taller que ya impartían fuera. Implementaron una “escuelita” de un mes, con entre 18 y 20 internas inscritas; dos concluyeron por completo la formación registrada ante una instancia del gobierno local, según Grupo Animal (2026).

En ese contexto, la maternidad puede percibirse como una fuente de beneficios personales e institucionales dentro del encierro, lo que también influye en que el aborto sea una elección minoritaria, según Grupo Animal (2026).

Condiciones de reclusión y acceso a servicios de salud

La reclusión afecta cualquier atención médica, incluyendo el acceso a servicios de aborto: movilidad restringida, vigilancia constante y dependencia de autorizaciones. En el caso del aborto, esas condiciones se vuelven determinantes porque el acceso está atado al tiempo. Grupo Animal documentó que, en Santa Martha Acatitla, la unidad médica interna recibe la solicitud y refiere a hospitales externos para valoración, consejería, elección de método y seguimiento. Ese circuito requiere traslados y coordinación interinstitucional, y cada paso puede introducir demoras.

Experiencias de acompañamiento en el proceso de aborto

El acompañamiento en prisión existe, pero es excepcional y condicionado. Grupo Animal relató el caso de un colectivo que ingresó a un centro penitenciario en Hidalgo inicialmente para hablar de otros temas, no sobre aborto. El giro ocurrió cuando trabajo social del centro les pidió replicar un taller de acompañamiento que ya impartían fuera: “Se enteraron ellos de que estábamos haciendo una escuela de acompañamiento del aborto… y nos la pidieron”, dijo una activista, según el reportaje.

En Hidalgo, donde el aborto está despenalizado desde 2021, el procedimiento institucional establece el traslado a un hospital general tras notificar a trabajo social: “Lo ideal para ellas es que ellas den aviso a trabajo social y las puedan llevar al hospital general de aquí”, según la activista citada por Grupo Animal. Aun con despenalización, el acceso depende de la ruta penitenciaria.

Tras el proceso formativo, la agrupación suministró medicamentos para abortar a participantes, pero la mayoría de los casos que conocieron resultaron en canalizaciones para atención en hospital, según Grupo Animal (2026). La activista también enfatizó que la labor se realiza bajo estricta supervisión institucional y con límites para contar detalles: “Entendemos… que no es algo que podamos platicar mucho”, según el reportaje.

Recomendaciones para mejorar el acceso al aborto en prisión

La primera recomendación es administrativa: registrar para poder garantizar. La Secretaría de Salud federal reconoció que sus subsistemas no permiten identificar ILE realizadas dentro de centros penitenciarios ni el centro correspondiente, según Grupo Animal (2026). Sin datos desagregados —resguardando confidencialidad— no hay forma de medir tiempos de respuesta, rutas efectivas, ni puntos donde se atora el proceso.

La segunda es alinear práctica con protocolo. El protocolo de Tepepan indica canalización “sin demora” y sin requisitos administrativos adicionales que retrasen injustificadamente el servicio, según el documento citado por Grupo Animal. Si en testimonios aparece la exigencia de un oficio que tarda semanas, la mejora pasa por revisar qué documentos son realmente indispensables para seguridad y atención médica, y cuáles son inercias burocráticas.

La tercera es fortalecer información y acompañamiento intramuros. La colectiva en Hidalgo describió un entorno hermético y de vigilancia que limita la divulgación, y también la escasa presencia de organizaciones externas, según Grupo Animal (2026). Facilitar talleres y consejería —con reglas claras— puede reducir estigma y aumentar decisiones informadas, sin presionar a nadie.

La cuarta es asegurar rutas de referencia rápidas y verificables. En Santa Martha Acatitla, la Secretaría de Salud capitalina describió referencias “de manera inmediata” a hospitales materno-infantiles para valoración, consejería, elección de método y seguimiento, según Grupo Animal (2026). Convertir esa “inmediatez” en tiempos máximos medibles es crucial cuando el límite legal es de 12 semanas.


Fuentes consultadas

  • Abortar en prisión: mujeres privadas de la libertad, una población olvidada | Grupo Animal — grupoanimal.mx/sociedad/aborto-mujeres-privadas-libertad-mexico
  • legislaturaqueretaro.gob.mx/
  • acspm.cl/wp-content/uploads/2026/10/SOCIETAS_No27_2025.pdf
  • repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/6717
  • vasquezlawnc.com/es/blog
  • camara.cl/legislacion/proyectosdeley/proyectos_ley.aspx
  • facebook.com/groups/4193129997666933/posts/4419965368316727/
  • instagram.com/p/DeNusoxjPLI/?__d=11
  • threads.com/@pajaropolitico/post/DeMk–kAqoM/abortar-en-prision-mujeres-privadas-de-la-libertad-una-poblacion-olvidada-que/