Aborto en Guanajuato: Penalización y situación actual 2026

Tabla de contenidos

• 1. El Congreso de Guanajuato aún no legisla sobre aborto
• 2. Situación actual del aborto en Guanajuato
• 3. Mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• 3.1 Declaración de inconstitucionalidad en 2021
• 3.2 Resolución de febrero de 2026
• 4. Retos legislativos en el Congreso de Guanajuato
• 4.1 Postura del Partido Acción Nacional
• 4.2 Estancamiento en la Comisión de Justicia
• 5. Impacto de la criminalización del aborto
• 5.1 Consecuencias para las mujeres
• 5.2 Investigaciones y estigmas sociales
• 6. Activismo y redes de apoyo en Guanajuato
• 6.1 Rol de Las Libres
• 6.2 Acompañamientos y denuncias

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El Congreso de Guanajuato aún no legisla sobre aborto

• La SCJN ordenó derogar artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto voluntario y dio un plazo de 90 días que vence en mayo de 2026.
• Aunque la ley local no se ha armonizado, la Corte determinó que autoridades y hospitales deben inaplicar esas normas.
• En los últimos cuatro años se abrieron 107 carpetas de investigación por aborto en Guanajuato, sin llegar a juicio por inexistencia de delito, pero con efectos de estigma y miedo para mujeres y personas gestantes.
• Redes de acompañamiento y organizaciones han sostenido el acceso a información y cuidado seguro ante la omisión legislativa.

Armonización legal tras fallo SCJN
En mayo de 2026 conviven dos realidades: (1) el Código Penal estatal aún contiene artículos que hablan de sanciones, y (2) por mandato de la SCJN esas normas no deben aplicarse en la práctica. Por eso, el plazo de 90 días fijado por la Corte importa: no cambia “si es delito” (la criminalización ya fue declarada inconstitucional), pero sí puede reducir confusión y discrecionalidad al armonizar el texto local con lo que ya ordenó el máximo tribunal.

Situación actual del aborto en Guanajuato

En mayo de 2026, Guanajuato sigue sin reformar formalmente su Código Penal para eliminar la penalización del aborto voluntario. Esa omisión mantiene un escenario de incertidumbre: en el papel, persisten artículos que prevén sanciones.

El punto clave es la diferencia entre despenalización y acceso real. Despenalizar significa retirar el castigo penal del Código; no equivale automáticamente a que el servicio esté garantizado y disponible en condiciones oportunas, con información clara y sin estigma. En otras palabras: que algo deje de ser delito no asegura por sí mismo que existan rutas institucionales claras, sin barreras y con trato digno. En Guanajuato, la falta de armonización legislativa convive con un mandato judicial que busca impedir que el sistema penal se use para perseguir a mujeres y personas con capacidad de gestar.

Despenalización vs Acceso Efectivo

• Si se despenaliza en el Código Penal, suele aumentar la certeza jurídica: baja el miedo a denunciar/ser denunciada y se reduce la “zona gris” para personal de salud y primer contacto.
• Si solo existe la inaplicación por mandato judicial (sin reforma local), el derecho puede seguir chocando con barreras cotidianas: desconocimiento institucional, estigma, rutas de referencia confusas y temor a que una urgencia obstétrica se trate como asunto penal.
• Aun con despenalización, el acceso real depende de implementación: información clara, trato digno, y que hospitales y autoridades administrativas actúen como puerta de entrada a salud (no a investigación).

La tensión se expresa también en el debate público: organizaciones señalan que “ya no debería estar discutiéndose” si se penaliza o no, porque existe una instrucción judicial que cumplir. Aun así, el tema permanece en análisis dentro del Congreso local, lo que abre la puerta a que la SCJN deje sin efectos los artículos sancionadores mediante una declaratoria general, incluso sin reforma aprobada por las y los legisladores.

Mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La intervención de la SCJN en el caso de Guanajuato se inserta en una ruta más amplia: desde 2021, el máximo tribunal fijó criterios que impiden sostener la criminalización absoluta del aborto. En el estado, esa línea se tradujo en una sentencia y en una orden concreta al Congreso para modificar su marco penal.

La Corte no solo se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos; también definió obligaciones para autoridades jurisdiccionales y administrativas. Esto incluye a instancias que suelen ser el primer contacto en emergencias obstétricas o complicaciones: hospitales y personal que canaliza casos, así como el Ministerio Público.

En términos prácticos, el mandato busca cortar un circuito que históricamente ha producido miedo: la idea de que pedir atención médica tras una interrupción del embarazo —o ante una hemorragia— puede convertirse en una puerta de entrada a una investigación penal. La resolución apunta a que el acceso a la salud no quede condicionado por prejuicios o interpretaciones punitivas.

Declaración de inconstitucionalidad en 2021

En septiembre de 2021, la SCJN emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional la penalización absoluta del aborto en México. Ese precedente marcó el inicio de una etapa en la que los congresos estatales quedaron obligados a armonizar sus leyes con el marco constitucional.

En Guanajuato, sin embargo, el Congreso se mantuvo reacio a legislar y rechazó múltiples iniciativas de reforma, pese a que el estado arrastraba un historial restrictivo. Un antecedente relevante es 2009, cuando el Congreso local reformó su Constitución para proteger la vida “desde el momento de la concepción”, con el objetivo de bloquear intentos de despenalización.

A partir de 2024 y 2025, colectivos feministas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) impulsaron amparos que derivaron en fallos de tribunales federales, declarando inconstitucionales penas de prisión asociadas al aborto en el Código Penal local. Esa ruta judicial preparó el terreno para que, en 2026, la SCJN emitiera una instrucción directa al Congreso guanajuatense.

Resolución de febrero de 2026

En febrero de 2026, la SCJN resolvió el amparo en revisión 525/2024 y declaró inconstitucional la criminalización del aborto voluntario en el Código Penal de Guanajuato. La sentencia obligó al Congreso local a eliminar los artículos que sancionan a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo.

La Corte identificó específicamente los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal y ordenó su derogación. Además, dio un plazo de 90 días para atender la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, plazo que se cumple en mayo de 2026.

Un punto central del fallo es operativo: la SCJN determinó que cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa —incluidos hospitales y el Ministerio Público— debe inaplicar las normas que criminalizan el aborto voluntario. Esto aplica tanto para las personas amparadas por la asociación civil promovente como para quienes enfrenten procesos penales por este hecho. En otras palabras: aunque el Congreso no haya reformado, el mandato judicial busca impedir que esas disposiciones sigan funcionando como herramienta de persecución.

Retos legislativos en el Congreso de Guanajuato

El Congreso de Guanajuato enfrenta un dilema institucional: legislar para armonizar el Código Penal con el mandato de la SCJN o dejar que la Corte invalide los artículos mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. En el centro del conflicto está la omisión legislativa y el costo que esa omisión tiene en certeza jurídica y acceso a servicios.

El debate se ha estancado en la Comisión de Justicia, donde el tema permanece “en análisis”. Ese estancamiento no es neutro: prolonga la confusión social sobre si aún pueden iniciarse denuncias penales por abortos autogestivos y mantiene un ambiente donde el miedo puede retrasar la búsqueda de atención médica.

En paralelo, las fuerzas políticas se acusan mutuamente. Morena y Movimiento Ciudadano señalan al PAN por dilatar deliberadamente un proceso que contraviene su agenda. El PAN rechaza esa lectura y sostiene que la demora responde a la ruta de análisis en comisión, con mesas de trabajo y estudios solicitados que siguen en proceso.

La consecuencia inmediata es que, con el plazo venciendo en mayo de 2026, el Congreso se acerca a un punto de definición: cumplir por vía legislativa o permitir que el control constitucional opere sin reforma local.

Ruta de aprobación legislativa
1) Comisión de Justicia: se discute el tema y se elabora un dictamen. Punto de bloqueo típico: que el asunto “siga en análisis” sin fecha de dictamen.
2) Mesas de trabajo/insumos: se reciben posturas y “estudios”. Checkpoint: que haya calendario público y entregables; si no, el proceso se alarga indefinidamente.
3) Dictamen: la comisión aprueba (o rechaza) un texto para pasar al Pleno. Checkpoint: si no hay dictamen, no hay votación.
4) Pleno (posible periodo extraordinario): se vota la reforma. Punto de bloqueo: falta de acuerdos para convocar o para alcanzar mayoría.
5) Publicación/entrada en vigor: se formaliza la armonización. Resultado esperado: menos confusión para población y para instituciones que atienden urgencias.

Postura del Partido Acción Nacional

El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido descrito como históricamente opositor a la despenalización del aborto. En 2026, esa postura se traduce en una disyuntiva política y jurídica: impulsar una reforma por cuenta propia o dejar que la SCJN invalide los artículos mediante declaratoria.

Desde organizaciones civiles, la resistencia se interpreta como un intento de imponer creencias en un tema que ya tiene un mandato judicial. Verónica Cruz Sánchez, de Las Libres, señaló —en declaraciones retomadas por un medio local— que la actitud de la bancada del PAN constituye un exceso de poder al intentar imponer sus creencias, y que el partido suele exigir respeto al Estado de derecho, pero en aborto hace una interpretación ideológica.

En el terreno social, esa resistencia tiene un efecto paradójico: según la misma activista, ha permitido que más mujeres conozcan el acceso a la interrupción del embarazo con medicamentos. La discusión pública, aun cuando se use para frenar cambios, también abre grietas informativas: más personas buscan rutas de cuidado y acompañamiento.

Estancamiento en la Comisión de Justicia

El tema no ha logrado avanzar en la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, donde permanece en análisis. Este bloqueo abre la posibilidad de que el estado incumpla el mandato de la SCJN y, ante ello, la Corte emita una declaratoria general que deje sin efectos las normas sancionadoras, incluso sin modificaciones formales del Congreso.

En el intercambio político, Morena y Movimiento Ciudadano acusan al PAN de dilatar deliberadamente el proceso por razones ideológicas. El PAN, por su parte, sostiene que la demora responde a la ruta de análisis definida en la Comisión de Justicia, presidida por el morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Argumentan que se han convocado mesas de trabajo y solicitado estudios que aún están en proceso, lo que extendió los tiempos.

Mientras tanto, el reloj institucional corre: el plazo de 90 días fijado por la Corte vence en mayo de 2026. Con ese vencimiento, el Congreso queda ante un escenario en el que la armonización puede ocurrir por decisión legislativa o por la vía de invalidez general desde el máximo tribunal.

En mayo de 2026, el Congreso local comenzó a analizar la fecha para votar la reforma a través de un periodo extraordinario de sesiones, en un contexto descrito como de fuerte resistencia de la bancada del PAN.

Impacto de la criminalización del aborto

Aunque la SCJN ha establecido que las autoridades deben inaplicar las normas que criminalizan el aborto voluntario, la persistencia de esas disposiciones en el texto local y la inercia institucional siguen produciendo daños. La criminalización no opera solo como sentencia: también funciona como amenaza, sospecha y estigma.

En Guanajuato, colectivas advierten que persiste la creencia de que pueden iniciarse denuncias penales contra quienes realizan un aborto de forma autogestiva. Esa percepción no es abstracta: se abrieron 107 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Aunque no han llegado a juicio, sí han obstaculizado el acceso a la salud en momentos críticos.

El impacto se vuelve más visible cuando se cruza con emergencias médicas. Si una persona gestante duda en pedir ayuda por temor a ser denunciada, el riesgo sanitario aumenta. Y si el sistema de respuesta —desde un número de emergencias hasta una institución hospitalaria— actúa bajo sospecha penal, el derecho a la salud queda condicionado. Por eso es relevante que la sentencia señale obligaciones también para autoridades administrativas y jurisdiccionales, incluyendo hospitales y el Ministerio Público.

En ese contexto, la despenalización formal no es un gesto simbólico: es una pieza de seguridad jurídica que puede reducir la discrecionalidad y cortar prácticas de criminalización indirecta.

Urgencias obstétricas sin criminalización

• Persistencia institucional medible: en cuatro años se abrieron 107 carpetas de investigación por aborto en Guanajuato; aunque no llegaron a juicio por inexistencia de delito, el solo inicio del expediente puede intimidar y frenar la búsqueda de atención.
• Efecto en emergencias: la Red de Acompañantes de León relató el caso de una joven que llamó al 911 por una hemorragia y le condicionaron el envío de ambulancia a que primero acudiera el Ministerio Público a tomar su declaración.
• Qué intenta cortar la sentencia: al ordenar la inaplicación por autoridades administrativas (hospitales) y jurisdiccionales (MP), la SCJN busca que una urgencia obstétrica no se convierta en puerta de entrada a investigación penal.

Consecuencias para las mujeres

Las consecuencias se expresan en decisiones cotidianas: callar síntomas, retrasar una visita al hospital o evitar pedir ayuda por miedo a que una complicación se interprete como delito. La Red de Acompañantes de León compartió un caso que ilustra esa lógica: una joven llamó al 911 por una hemorragia y le dijeron que podía ir una ambulancia, pero primero debía acudir el Ministerio Público a tomar su declaración porque “estaba cometiendo un delito”. En ese relato, la atención médica quedó condicionada por prejuicios.

Aunque las carpetas de investigación no lleguen a juicio, el proceso mismo puede ser punitivo: interrogatorios, exposición, temor a perder trabajo o apoyo familiar, y la sensación de estar bajo vigilancia. Para mujeres y personas gestantes, especialmente en contextos conservadores, el estigma puede ser tan disuasivo como una sanción formal.

Organizaciones sostienen que la prioridad institucional no debería ser preservar prejuicios, sino garantizar salud y derechos. En la práctica, la criminalización —o su sombra— puede empujar a rutas menos seguras, o a vivir un proceso de interrupción del embarazo sin acompañamiento, información o atención oportuna.

En este escenario, el mandato de la SCJN busca algo concreto: que ninguna autoridad trate la interrupción voluntaria del embarazo como un delito perseguible, y que el acceso a servicios de salud no se convierta en un filtro punitivo.

Investigaciones y estigmas sociales

Las 107 carpetas de investigación abiertas en cuatro años muestran cómo la criminalización puede persistir como práctica institucional aun cuando no se sostenga jurídicamente hasta juicio. Colectivas señalan que, aunque esas investigaciones no avancen por inexistencia de delito, sí generan intimidación y obstaculizan el acceso a la salud.

El estigma social se alimenta de la ambigüedad: si el Código Penal todavía contiene artículos que hablan de prisión o sanciones, muchas personas asumen que pedir ayuda equivale a exponerse. Esa confusión también alcanza a personal de primera respuesta y a instituciones que, por desconocimiento o sesgos, pueden activar rutas de denuncia en lugar de rutas de atención.

Aquí conviene precisar el marco jurídico: la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto (7 de septiembre de 2021, Acción de Inconstitucionalidad 148/2017). Lo que sigue vigente en algunos estados son códigos penales locales que aún no se han armonizado con ese precedente; esto significa que la criminalización ya no tiene base constitucional, aunque la implementación estatal siga siendo desigual.

En Guanajuato, la sentencia de 2026 refuerza esa obligación: autoridades administrativas y jurisdiccionales deben inaplicar las normas. Sin embargo, mientras el Congreso no reforme, el texto legal puede seguir funcionando como un dispositivo cultural de estigma, incluso si ya no debería operar como herramienta penal.

Activismo y redes de apoyo en Guanajuato

En un estado descrito como de los más conservadores del país, el activismo ha sido clave para sostener información, acompañamiento y cuidado seguro. Organizaciones y redes han construido rutas comunitarias frente a la criminalización y frente a la omisión legislativa.

Un ejemplo es la presentación, el 26 de mayo, del libro de la Red de Acompañantes León: “Si el Estado te abandona, NOSOTRAS te acompañamos: lucha y resistencia por el derecho al aborto en Guanajuato”, en la librería Las Rojas, en Guanajuato capital. La obra se plantea como memoria colectiva: recopila experiencias de mujeres que desde 2017 han hecho valer su derecho a decidir y detalla mecanismos de acompañamiento y cuidado seguro frente a la criminalización.

Estas redes también cumplen una función de alfabetización legal y sanitaria: ayudan a distinguir entre rumores y obligaciones reales del Estado, y a ubicar que el acceso a la interrupción del embarazo con medicamentos existe, incluso en contextos restrictivos.

En paralelo, el activismo ha empujado litigios, ha documentado casos y ha visibilizado cómo la criminalización se filtra en servicios de emergencia. En ese sentido, la sociedad civil no solo acompaña: también produce evidencia social sobre las barreras que persisten.

Cuatro frentes de acción clave
Si estás tratando de entender “qué hacen” estas redes (y por qué importan cuando la ley no se armoniza), suele verse en cuatro frentes:

• Información y orientación: explican qué cambió con las resoluciones judiciales y qué significa la inaplicación en la vida diaria.
• Acompañamiento y cuidado seguro: acompañan procesos (incluida la interrupción con medicamentos) y ayudan a identificar señales de alarma para buscar atención sin caer en rutas punitivas.
• Documentación de barreras: registran casos donde el estigma o la sospecha penal bloquean atención (por ejemplo, en emergencias).
• Incidencia y exigibilidad: presionan por armonización legislativa y, cuando es necesario, impulsan rutas legales para hacer efectivo el derecho.

Rol de Las Libres

Las Libres, organización con presencia y trayectoria en Guanajuato, aparece como una de las voces centrales en la exigencia de armonización legislativa. Verónica Cruz Sánchez ha insistido en que ya no debería discutirse la penalización: existe un mandato judicial que cumplir y el Congreso no tendría que tratarlo como un tema opinable.

En declaraciones retomadas por prensa local, Cruz Sánchez señaló que la actitud de la bancada del PAN constituye un exceso de poder al intentar imponer creencias. También subrayó una paradoja: esa resistencia ha hecho que más mujeres conozcan el acceso a la interrupción del embarazo con medicamentos, es decir, que la discusión pública —aunque se use para frenar— también difunde información.

Las Libres reportó haber realizado 5 mil acompañamientos en los últimos dos años. Además, brindó acompañamiento en dos casos que derivaron en denuncia en 2022, un dato que ilustra el tipo de riesgos que enfrentan mujeres y personas gestantes cuando el entorno institucional opera con sospecha.

Acompañamientos y denuncias

Las redes de acompañamiento han documentado cómo la criminalización se expresa en trámites, llamadas de emergencia y apertura de investigaciones. La Red de Acompañantes de León advierte que persiste la cre

Desde la perspectiva de Tengo Un Retraso (MSI Reproductive Choices México), este tipo de resoluciones y su implementación importan porque conectan el derecho a decidir con el acceso real a servicios de salud esenciales, sin estigma y con autonomía corporal.

Este texto refleja información públicamente disponible sobre el debate y las resoluciones judiciales en Guanajuato hasta mayo de 2026. Los plazos legislativos, votaciones y efectos operativos pueden cambiar conforme avancen los procesos en el Congreso y en tribunales. Para orientación práctica, conviene contrastar con las actualizaciones más recientes en canales institucionales y con organizaciones locales de acompañamiento.

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Fuentes consultadas

• Ya no se debería discutir la penalización del aborto en Guanajuato, organizaciones | SemMéxico — semmexico.mx/ya-no-se-deberia-discutir-la-penalizacion-del-aborto-en-guanajuato-organizaciones/
• periodicocorreo.com.mx/vida-publica/2026/may/18/organizaciones-cuestionan-al-congreso-por-retrasar-despenalizacion-del-aborto-en-guanajuato-157214.html
• instagram.com/p/DYmudk1EZBS/
• Facebook, 2026 — facebook.com/escuadrillahalconesoficial/videos/pov-eres-un-halc%C3%B3n-volando-sobre-santiago-humohumoahora-halcones-fach/840938795242981/
• Penguin Libros, 2026 — penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/617333-libro-un-halcon-bajo-mi-ventana-9788426434210?srsltid=AfmBOopSTkJgHrzXn30wIm93_z61ooOU7wInXEaynpnQENWlQwa_5Hiz